- Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, indicó que la Comisión de la Verdad estará integrada por familiares de los 43 normalistas.
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto para crear la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa
Frente a familiares de los 43 normalistas que atestiguaron la firma, López Obrador sostuvo que se conocerá toda la verdad sobre la desaparición de los normalistas rurales. “No nos vamos a lavar las manos. No es decir ya se firmó el decreto y ahí va el proceso a otras instancias, a otros poderes, donde no tenemos nada que ver. Vamos a ser respetuosos de la autonomía de otros poderes, pero este es un asunto de Estado”, enfatizó el presidente López Obrador.
Llevamos años luchando y solo con perseverancia se puede llegar a la justicia, insistió el presidente López Obrador, resaltar que la comisión estará integrada por representantes de los familiares de los normalistas desaparecidos y personal de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores; expertos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos.
“Se va a investigar a fondo, con objetividad e imparcialidad los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, hasta que todos los mexicanos sepamos lo que realmente pasó”, afirmó por su parte la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero quien prometió todos los esfuerzos, capacidades y conocimiento para llegar a la verdad y dar una respuesta ante la desaparición de 43 jóvenes.
Se van a desahogar todas las líneas de investigación, aclaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, que en esta comisión, será el interlocutor con el Ministerio Público para que, respetando su autonomía, cree una fiscalía especializada o una comisión especial para la investigación de los hechos, asegurando que las investigaciones se realicen con imparcialidad y estricto apego a la ley.
Para ello se ordena a todos los organismos o dependencias del gobierno federal a facilitar la información y entrega de pruebas con que cuenten para el esclarecimiento de los hechos. No podrá clasificarse como “reservada” la información relacionada con delitos de lesa humanidad o actos agraviantes a los derechos humanos.
“No se puede reservar la información cuando obstruya la investigación de los delitos; esto incluye el libre acceso a las instalaciones donde por las circunstancias del caso pudieran estar los desaparecidos o vestigios relacionados con ellos, profundizó Encinas.
También se van a celebrar convenios con las autoridades locales para alcanzar la búsqueda de la verdad, enfatizó el funcionario federal.
Además, con los familiares se diseñarán las medidas de protección para quienes proporcionen información que permita el esclarecimiento se los hechos; este es un paso significativo en los procesos de justicia transicional que por primera vez se instrumenta en el país, detalló el nuevo gobierno.
Con la Cancillería se alcanzarán acuerdos para obtener la asistencia y cooperación en el caso, sobre todo de las organizaciones de los Estados Americanos y su Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas; o cualquier otro organismo o experto que pueda coadyuvar.
Además, la Secretaría de Hacienda garantizará los recursos necesarios para el caso, apuntó Encinas al señalar que el decreto “es una señal muy clara a las víctimas de que vamos a esclarecer el asunto Ayotzinapa y se trabajará para hacer justicia”.
Madres y padres de los jóvenes pidieron al Presidente que siga caminando junto a ellos y que, como padre, los ayude «y nos saque de este basurero en el que nos dejó”, la pasada administración de Enrique Peña Nieto; María Martínez le dijo al presidente que “si usted resuelve el caso, será grande; estamos depositando la confianza en ustedes. Cuando les recuperemos (a los estudiantes), usted va a ser grande» afirmó
Desde el antiguo Salón de la Tesorería, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, se formalizó jurídicamente la voluntad del actual gobierno federal para “dar con la verdad y el paradero de los estudiantes, y de sancionar las violaciones graves a los derechos humanos y los delitos cometidos por el Estado contra la población para que estos hechos nunca se vuelvan a repetir”.
Presente en la firma del decreto presidencial por el caso Ayotzinapa, Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), destacó que la contribución principal de los defensores humanitarios del mundo “vendrá de nuestros colegas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Expertos Interdisciplinario de Expertos Independientes y su mecanismo de seguimiento; nosotros tendremos un papel complementario, pero celebramos la apertura a la continua cooperación lo que la diferencia del gobierno anterior”, concluyó en entrevista.
En la firma del decreto que mañana se publica en el Diario Oficial de la federación, se anunció que por primera vez se utilizará la figura de testigos protegidos para que puedan aportar cualquier información que permita conocer la verdad.
