En México es necesario profundizar la cultura de la protección civil tanto en el ámbito legislativo como en el quehacer cotidiano de la población, esto frente a la creciente gravedad que registran los fenómenos naturales, apuntó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El legislador de extracción perredista señaló que los reportes gubernamentales refieren que la tendencia con la que los desastres por inundación se han presentado muestra que, en promedio, en los últimos 15 años, nueve de cada diez desastres en México fueron a causa de fenómenos hidrometeorológicos.
En ese sentido el también vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, consideró urgente la instrumentación de políticas públicas que abarquen un análisis sistemático de este tipo de fenómenos por su recurrencia, impacto y consecuencias, y establezca responsabilidades y acciones específicas para hacerles frente.
“Trabajar en respuesta y a marchas forzadas cuando un desastre natural ocurre, no sólo representa un ángulo gubernamental erróneo para abordar este de situaciones, sino también un Estado fallido en la generación de política pública para la prevención”.
Refirió que los fenómenos hidrometeorológicos abarcan tanto lluvias e inundaciones, ciclones tropicales, granizadas, tormentas, huracanes, heladas, altas y bajas temperaturas, y sequías.
Humberto González Villagómez recalcó que el impacto progresivo de los fenómenos naturales es actualmente considerado un indicador de seguridad nacional en México, por lo que requiere de políticas públicas cada vez más específicas, con una perspectiva integral.
Partiendo de los datos de las autoridades federales citó que entre el 2010 y el 2016 en México se registraron pérdidas por 27.9 mil millones de pesos a causa de los fenómenos hidrometeorológicos registrados en el país, afectando a más de 1.3 millones de personas.
El diputado por el distrito de Puruándiro recalcó que esta situación urge la creación tanto metodologías y normas para la prevención, como de estrategias de acción y atención a la población vulnerable, además de elaborar mecanismos legales para el resarcimiento de los daños, tanto en el orden material como en el humano.
