Morelia, Michoacán.- Con el voto unánime de los diputados de la LXXIV Legislatura fueron aprobadas las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer al Estado en el combate a la delincuencia.
El Congreso del Estado ha aprobado ya dos reformas constitucionales, y con ello Michoacán ratifica su voluntad de contribuir a la Cuarta Transformación, con la confianza de que las acciones emprendidas a nivel federal ayudarán a mejorar las condiciones en la entidad, expresó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla.
Durante este inicio de gobierno, añadió, es claro el objetivo de sustentar la estrategia de seguridad en un Estado de Derecho fortalecido, con herramientas jurídicas que permitan un actuar más decidido de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
El diputado afín a la Cuarta Transformación puntualizó que con la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y la Ley de Extinción de Dominio, se han dado importantes pasos para combatir la impunidad
y debilitar el poder financiero de la delincuencia mediante la expropiación de bienes y recursos propiedad de infractores de la ley
Con un marco legal más robusto, abundó, el Gobierno de México pondrá en operación la Guardia Nacional, con lo que aumentará el estado de fuerza contra el crimen con el despliegue de elementos de las policías Federal, Militar y Naval; la capacidad operativa de las fuerzas castrenses se conjugará con procedimientos de seguridad pública que tienen una vocación garantista, subrayó.
Alfredo Ramírez destacó que los integrantes de la LXXIV Legislatura, al avalar estas enmiendas, han estado a la altura de los retos que plantea la seguridad en el país, además de reafirmar su compromiso con Michoacán, un estado que requiere de la fortaleza institucional que López Obrador construye para restablecer la paz.
Finalmente, Alfredo Ramírez hizo un llamado a sus compañeros legisladores a agilizar los trabajos para sacar adelante la reforma concerniente a la prisión preventiva, cuyo dictamen a favor fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales incluso antes que el de la Guardia Nacional.
