Morelia, Michoacán.- La obesidad en las administraciones públicas debe encontrar freno, por lo que se hace urgente parar la discrecionalidad con que se otorgan las plazas en los diferentes niveles de gobierno, recalcó el diputado Erik Juárez Blanquet, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El diputado recordó que uno de los grandes problemas financieros en las diferentes áreas de la administración pública, es el referente a la basificación discrecional de los trabajadores, y sobre todo ocurre por lo general en los últimos días de que se termine el periodo de la administración en turno.
Recordó que en diciembre de 2018 presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado con la idea de clarificar los criterios de designación de plazas, dando preferencia a los trabajadores que tengan mayor antigüedad en la institución donde se pretenda prestar el servicio.
Tras hacer votos porque las comisiones entren a la revisión de la propuesta y elaboren a la brevedad el dictamen respectivo, el legislador puso como ejemplo el municipio de Morelia, en donde la Administración del trienio 2015-2018, abusó de una manera irresponsable al otorgar aproximadamente 500 plazas para personal allegado al entonces presidente municipal, basificando amigos que a lo mucho contaban con cuatro meses trabajando.
Otro ejemplo lo puso con Puruándiro y la pasada administración municipal, ya que en su último mes de labores optó por basificar un total de 80 trabajadores que se venían desempeñando en cargos de confianza.
“Es necesario poner límites a la discrecionalidad con la que se que otorgan dichas plazas, es importante que se debe de realizar un estudio de los trabajadores, para determinar la antigüedad, categoría y necesidad del cargo dando preferencia a los que hayan servido de una manera ininterrumpida por mayor tiempo en la dependencia”.
Erik Juárez Blanquet subrayó que no se puede permitir que se sigan otorgando plazas sin hacer un estudio previo de si son necesarias o existe viabilidad presupuestaria para ello, ya que esto ocasiona graves daños a las finanzas públicas pues la mayor parte de los ingresos se destina a pagar salarios, dejando descubiertas las áreas prioritarias como el desarrollo o la prestación de servicios.
