Morelia, Michoacán, 12 de junio 2020.- En cumplimiento a los Ejes Estratégicos del Plan de Persecución de Delitos, de garantizar, respetar y defender los derechos humanos de las personas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), atiende puntualmente las recomendaciones emitidas por los organismos nacionales e internacionales dedicados proteger estas prerrogativas.
Con motivo de dichas acciones, la institución, a través de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, llevó a cabo un encuentro de trabajo virtual con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a fin de reforzar el trabajo conjunto y dar seguimiento a las recomendaciones que anteponen la protección de las víctimas y el acceso a la justicia, como fines principales de cualquier actuación.
Durante la videoconferencia realizada en atención a los protocolos de sanidad y prevención del COVID-19, se precisaron algunos puntos sobre el cumplimiento de las recomendaciones, tendientes a propiciar una mejor protección a las víctimas, optimar el nivel de las actividades institucionales, así como disipar dudas sobre las constancias necesarias para acreditar debidamente el cumplimiento de cada uno de los puntos recomendatorios.
Por lo anterior, la maestra Rosario Berber Cerda, directora General Jurídica y de Derechos Humanos, señaló que, pese a que dichas recomendaciones fueron atribuidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Fiscal General, Adrián López Solís, instruyó que se brinde a dichos expedientes el seguimiento y atención necesarios para garantizar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos el acceso a la justicia y su dignificación.
Recalcó que el fortalecimiento de la cultura de respeto a los Derechos Humanos está muy presente en la agenda y acciones de la Fiscalía, lo cual se ve reflejado en la integración del Programa Institucional de Derechos Humanos que próximamente será emitido, y la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, la cual se encargará de investigar y perseguir los delitos derivados de recomendaciones y las denuncias presentadas por probables conductas delictivas cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y del delito de discriminación.
