En la historia reciente, de 1980 ahí está fecha, el país ha tenido grandes crisis económicas y sociales provocadas por la conducción Política de un modelo de desarrollo excluyente y depredador, pero sobre todo, altamente concentrador de la riqueza.
Este modelo qué ha beneficiado a una élite cada vez más pequeña pero mucho más poderosa en términos económicos, ha traído en consecuencia crecimiento de la pobreza y la precarización de millones de trabajadores y sus familias.
En medio de esta vorágine neoliberal, hemos perdido la soberanía sobre los recursos estratégicos de la nación como lo son el petróleo, la energía eléctrica, los minerales y los litorales y playas de México. Como consecuencia de ello, el medio ambiente se ha deteriorado, hemos pedido cientos de miles de hectáreas de bosques y tierras de cultivo, qué han sido explotadas agresivamente por empresas monopólicas, por lo general, extranjeras.
Los ríos y los lagos se han contaminado, las tierras de cultivo antes fértiles se han debilitado y cientos de comunidades han sido obligadas abandonar sus territorios por amenazas, por extorsión, por presión o porque la afectación ambiental ha sido de tal magnitud qué ha dejado sin recursos productivos el lugar donde viven.
En términos generales, el desarrollo del capitalismo y su modelo neoliberal han convertido a nuestro país en uno de los más desiguales del mundo y en un centro maquilador de las grandes empresas monopólicas, que no solo explotan la fuerza de trabajo de los mexicanos, sino que también, saquean nuestros recursos naturales afectando el medio ambiente.
La transferencia de recursos hacia las empresas matrices por concepto de ganancias qué hacen año con año sus filiales es cada vez más cuantiosa, representando una sangría creciente de recursos para el país y que junto con los recursos que se entregan a la banca internacional por concepto de la deuda externa, generan un lastre enorme para la economía del país dificultando las posibilidades de su desarrollo y progreso con bienestar.
40 años de neoliberalismo han afectado enormemente al país tanto en sus potenciales recursos naturales cómo a sus trabajadores. Millones de éstos viven con apenas el salario mínimo y muchos más no alcanzan la canasta básica. Hay cientos miles de trabajadores con contratos por 1, 2 o 3 meses que se hacen acompañar de renuncias anticipadas. millones de ellos trabajan en la informalidad sin protección alguna y sin derecho a la Seguridad Social y millones más se encuentran sometidos a una doble explotación por medio del outsourcing o subcontratación.
El trabajo que realizan a diario los millones de trabajadores, tanto los que están en Estados Unidos, como los que viven en el territorio, han hecho posible que el país aún se mantenga en pie, ante la voracidad de la burguesía transnacional capitalista y los gobiernos lacayos que por décadas nos habían venido sometiendo.
Ha sido tanto la voracidad de la burguesía que, incluso, ante las crisis financieras provocadas por sus errores, han obligado al pueblo de México a soportar sus enormes costos económicos. Es por demás indecoroso, qué ante una grave situación económica, a la mayoría de los mexicanos se les haga lidiar con una nueva deuda impagable cada vez más costosa.
La solución ha implicado siempre nuevos empréstitos de la banca internacional con enormes beneficios para la propia banca y la burguesía local. Por eso hoy, ante los estragos qué ha ocasionado la pandemia del coronavirus, es momento de plantearnos una nueva circunstancia y no dejar que seamos de nuevo los que carguen con las consecuencias. Los pobres han pagado las crisis anteriores siempre.
Es momento de que sean los más ricos los que paguen ahora. No basta con la austeridad gubernamental, es indispensable evitar el sufrimiento de millones de trabajadores y sus familias, quienes como siempre serán los más afectados por los graves efectos ocasionados a la economía y planta productiva nacional.
Casi un millón de trabajadores formales, inscritos a Seguro Social, han sido despedidos; mientras millones de ellos qué laboran en el sector informal se han quedado sin empleo. Por eso a fin de garantizar una salida justa a esta circunstancia, es indispensable que la crisis la paguen quienes hoy amasan enormes fortunas moralmente vergonzosas, logradas a costa del sacrificio de millones de pobres.
Para ello debe aplicarse un nuevo impuesto a los grandes ricos que podría ser, por lo menos, del dos por ciento sobre la riqueza acumulada. Además, debe suspenderse el pago de la deuda externa, cuyos recursos equivalen a los presupuestados este año por el Congreso de la unión en materia de inversión pública, y que bien podrían ser utilizados para garantizar a los desempleados un bono universal que les ayude a sortear con éxito los estragos de la crisis.
Es indispensable que quienes no puedan pagar el servicio de electricidad se les exima de ello en tanto se establece la nueva normalidad y vuelven a incorporarse a sus labores; al mismo tiempo, deben ser condonados los impuestos (ISR) a los trabajadores y sus familias por los meses que continúe la pandemia, pues como se sabe, son los mejores contribuyentes que tiene este país. Los mexicanos pagaron por el rescate carretero de 1997, con el gobierno de Ernesto Zedillo, 178 mil 289.3 millones de pesos para que una vez solventadas las deudas se les regresaran las concesiones a los mismos que las tenían cuando se llevó a cabo el rescate: ellos nunca perdieron, pero sí el resto de los mexicanos.
En 1995, el gobierno rescató a los bancos que habían quebrado como producto de una nueva crisis económica del capitalismo, tomando a los bancos para, una vez que habían sido saneadas sus finanzas, acabar entregándolos a la banca extranjera. Así fue como llegaron, Citygrup, Santander, BBVA, Hsbc, entre otros.
El gobierno convirtió la deuda bancaria en deuda pública y desde entonces, todos los mexicanos pagamos el costo de ese rescate que, a noviembre de 2019, alcanzó la cifra de 1 billón 58 mil 567 millones de pesos, cuyo costo es, al parecer, impagable. Sólo los intereses a pagar este año por este cuantioso rescate conocido como Fobaproa, hoy Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), asciende a 43.8 mil millones de pesos.
La pandemia no es responsabilidad de los trabajadores y sus consecuencias menos, pues la crisis ya se venía presentando con anterioridad a este fenómeno y sólo se aceleró y profundizó con la llegada del coronavirus. Mantengo la tesis de que el Covid-19 es el resultado de una serie de eventos injustificados que vienen afectando la vida planetaria y con ello a la vida humana.
Sólo el capitalismo rapaz y depredador es capaz de generar enormes desequilibrios ambientales, que traen como consecuencia el brote de enfermedades como el ébola, la influenza y el coronavirus. Las condiciones de deterioro ambiental actual provocado por la ambición desmedida de la acumulación de riqueza, hace que sus efectos provoquen fenómenos como el calentamiento global, que a su vez modifica los patrones de los ecosistemas y de los seres que los integran.
El coronavirus es una de sus consecuencias. Es hora de que los ricos paguen, pues está a todas luces comprobado que sus enormes fortunas están basadas en el sacrificio de millones de trabajadores y trabajadoras, pues los grandes ricos ganan por igual cuando hay bonanza que cuando hay crisis. Pero no pagarán si no se les obliga a hacerlo, y esta es una tarea del pueblo entero.
Hay que exigir de manera decidida y organizada que el gobierno asuma medidas que impliquen concretar esta simple consigna: ¡Qué la crisis la paguen los ricos!
