Por Martha Elba Torres Martínez
Qué pena, lástima, por el inquilino de Palacio Nacional que despreció públicamente el pasado 29 de junio, esa carpeta con información «tan delicada, de mucho riesgo», de la narcoelección en Michoacán. Son las pruebas documentales y material videográfico de la operación de grupos criminales a favor de Morena en las elecciones del 6 de junio, y que el gobernador Silvano Aureoles quería entregar en propia mano al Presidente.
«Si se enteran (los malosos) quién me pasó los materiales, ¡van y los matan! O sea, no dejan ni una gallina viva… es muy peligroso», expresó el michoacano.
Y es que no fueron los clásicos «mapaches» que operaban antaño. Tan burdo, que ni siquiera separaron las boletas tachadas a favor del candidato a gobernador Alfredo Ramírez, e introdujeron a las urnas los fajos completos de papeletas y obvio, en el acta de escrutinio solo aparecía la firma del representante de Morena.
Este lunes 5 de julio, el mandatario acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregarle el «expediente X» al presidente del órgano colegiado, Arturo Saldívar, pero ni siquiera va a su oficina, trabaja desde casa. Ahí déjelo en oficialía de asuntos sin importancia. Se fue entonces a la Fiscalía General de la República y lo recibió Alejandro Gertz Manero, con quien conversó extraoficialmente.
Entonces, la lucha de Silvano Aureoles comienza a tomar sentido. Una denuncia formal de hechos llegará en su momento, ante el agregado de más pruebas, e incluso información relevante que le han proporcionado otros gobernadores.
«Yo no ando dolido ni litigando la elección; no soy candidato ni representante de un partido. Lo que destaco es que a Michoacán no debe de regresar el narco gobierno, y dos, que es un tema de seguridad nacional; es la pérdida de la libertad ciudadana y el sometimiento; que la sociedad se convierta en rehén de los grupos del crimen organizado y que para México, si seguimos así, el próximo presidente de la República lo va a imponer la delincuencia organizada», insistió Aureoles Conejo, en rueda de prensa prevía a ser recibido, también, en el Senado de la República, por los presidentes de la Cámara, Eduardo Ramírez, y de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.
Y sí que para el «chairo desobediente» zacatecano, escuchar al michoacano, es un tema de interés, y no puede hacerse el loco como los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial. Que un gobernador -por más zafado que esté-, hable de pruebas de cómo el crimen organizado ayudó a ganar al candidato a gobernador de Morena, no se escucha todos los días, y amerita siquiera, echarles una hojeada.
Como siempre sucede, por intrigas palaciegas, López Obrador borró de su lista de presidenciables a Monreal pero la carrera todavía no comienza y ésto, no es de velocidad sino de resistencia. Como aspirante desobediente, el tema de Silvano le interesa, porque no solo son estados y municipios el objetivo del narco, es también la Presidencia del país. La misma a la que aspira el propio zacatecano por elección limpia y legal…
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He insistido, por lo menos en las últimas tres entregas, y con base en el caso Michoacán, de la urgente necesidad de evitar a través de instrumentos jurídicos, que el crimen organizado decida triunfos o derrotas electorales.
Las primeras propuestas de Silvano Aureoles para las y los legisladores son las siguientes:
-Reformas para que la Subprocuraduría o Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada cuente con competencia para investigar los resultados de la fiscalización de los candidatos.
-Adecuaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para requerir la protección de víctimas, testigos y denunciantes de corrupción y de delincuencia organizada, y para que las conductas ilícitas denunciadas en los procesos electorales no queden impunes. Para ello, deberán ser homologados los plazos del procedimiento penal o garantizar que al momento de investigar y resolver no exista la protección del fuero.
-Incorporar el tipo penal de terrorismo electoral; que en los procesos penales que se siguen en contra de miembros que pertenecen al crimen organizado, se consideren los indicios de prueba consistentes en audios, videos, fotografías, mensajes y tengan un mayor valor probatorio que al que se otorga actualmente.
-Reformar la Ley en materia de delitos electorales para blindar y garantizar los derechos electorales de la sociedad y de los candidatos para evitar la coacción al voto mediante la violencia y la intimidación y que sea acorde con la Ley Federal de Delincuencia Organizada entre otros.
-Reforma para que el Ministerio Público reciba y sustancie denuncias por noticia criminal, que tenga conocimiento por cualquier medio de comunicación; televisión, radio, páginas de internet, notas periodísticas de manera tradicional, electrónicas o redes sociales.
-Que la Fiscalía General de la República observe de manera oficiosa e inicie las investigaciones respectivas con la sola noticia criminal con la cual brindará protección a los ciudadanos…
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Y robustece el sentido de la lucha de Aureoles Conejo contra las narcoelecciones, cuando tiene todo qué ver con Aguililla, municipio bajo el control del crimen organizado por lo menos los últimos 30 años, y que decide quién encabeza la autoridad local.
¿Puede haber mejor ejemplo del vacío de Estado de Derecho, democracia y legalidad, que Aguililla?
El 20 de junio de 2018, mataron al joven profesionista Omar Gómez Lucatero. Quería ser alcalde de su pueblo por la vía independiente. Simplemente no se puede. Ahí mandan los narcos.
¿Cómo es posible que un ministro de culto, el parroco Gilberto Vergara, sea el representante y vocero de la población? ¿Y Osvaldo Maldonado (PRI), el presidente municipal saliente? ¿Y el entrante César Valencia, que ganó el 6 de junio? ¿Dónde está la autoridad legalmente constituida?
Valencia Caballero fue candidato del Partido Verde Ecologista y triunfó con apenas unos mil 500 votos, de los poco más de cuatro mil emitidos el domingo de elecciones. Apenas sufragó 35 por ciento de los electores del listado nominal de 11,610 inscritos. Eso sí, el Instituto Electoral de Michoacán reportó que los comicios se realizaron a todas margaritas y se instalaron las 22 casillas. Todititas.
Hoy, todos espantados por lo que sucede en Aguililla, y hasta el presidente López Obrador ofrece una sucursal del banco del Bienestar para allegar programas sociales, como si eso solucionara la cruenta guerra entre cárteles. Lo que va a pasar es que pague derecho de piso y cuota los beneficiarios.
Y sale Alfredo Ramírez apurando a Silvano Aureoles para que coopere con el Gobierno Federal en su plan integral de salvación. «La situación de emergencia que vive este municipio no puede esperar hasta el cambio de gobierno en octubre para que los gobiernos estatal y federal trabajen de manera conjunta, por lo que hago un llamado al gobernador Silvano Aureoles a sumarse y reforzar esta importante estrategia», señala un despancho de prensa del candidato ganador pero cuestionado.
«El estado no puede sólo contra un problema histórico que, si bien es histórico en Michoacán, se ha agravado en los últimos años ante la indolencia de las autoridades estatales que han dejado a su suerte a los habitantes de regiones como Tierra Caliente y Tepalcatepec», agregó. ¿Y el Gobierno Federal, qué? ¿Y el Ejército acuertelado, inmovilizado?
Ramírez Bedolla le atinó en una sola cosa: es histórico el problema en Aguililla. Tanto, que hasta familiares delincuentes tiene en la región, como los Comparán Bedolla, que le documentó el diario Reforma en abril pasado…
