Por Martha Elba Torres Martínez
El pasado 11 de mayo, el Presidente del país aceptó públicamente que tenía las manos mentidas en las elecciones del 6 de junio, y su participación -contra sus propias expectativas sobre los resultados- quedó demostrada y vulneró con ello, los principios constitucionales electorales de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad.
El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así lo confirmó al sancionar el “Informe de los 100 días” de López Obrador presentado el 30 de marzo, por haber sido propaganda pura; la “mañanera” del 16 de abril tuvo que ser “bajada” de redes sociales pues otra vez el Presidente violaba la veda electoral al promover sus programas sociales y acciones de gobierno.
¿Con estos antecedentes, los magistrados del TEPJF podrían desestimar el juicio de inconformidad que promovió la alianza opositora contra la elección para gobernador, y ahora el juicio de revisión constitucional que impugna la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que validó el cuestionado triunfo del morenista Alfredo Ramírez Bedolla?
Para la alianza opositora, el TEEM no se ajustó a las normas y principios establecidos en el orden constitucional; no pudo con la presión presidencial, política y por qué no, hasta criminal, y no entró a fondo ni fundamentó su rechazo a las pruebas presentadas. En media hora, las y los magistrados le dieron carpetazo a algo tan importante como es la gobernabilidad del estado en los próximos seis años.
“Ya sabíamos el sentido de su pronunciamiento, porque las magistradas (Alma Rosa Bahena Villalobos y Yolanda Camacho Ochoa), la presidenta (Yurisha Andrade Morales), no fueron capaces de verme a los ojos. Me voltearon la mirada, me esquivaron”, dijo el ex candidato aliancista Carlos Herrera, en la rueda de prensa que concedió junto con su equipo jurídico, el pasado lunes 10.
El secretario de Asuntos Electorales del PRD y coordinador jurídico del Equipo por Michoacán, Víctor Lenin Sánchez, lamentó que las y los magistrados del TEEM no hayan argumentado o motivado en lo individual, la decisión de su voto. “Hay un principio jurídico que establece ´dame los hechos y yo te daré el derecho´ y ese principio se rompió”, dijo.
El proyecto de resolución del magistrado ponente Salvador Alejandro Pérez Contreras, desestimó la mitad de las pruebas que se aportaron y no las socializó con sus colegas, lo que es un acto ilegal, argumentó Víctor Lenin, por lo que presentarán el primer Juicio de revisión constitucional contra esta resolución del TEEM y contra la decisión del magistrado de desestimar las pruebas.
Entre las pruebas desechadas, están la propia aceptación del presidente López Obrador de tener las manos metidas en las elecciones; los casos de “servidores de la nación” que participaron como funcionarios de casilla, lo que es violatorio; la rueda de prensa del viernes 3 de junio y pautada en redes por Morena, en la que se atacó al candidato de la alianza. Y lo más grave: las declaraciones y testimonios de representantes de partido y otros funcionarios sobre la violencia armada, que ahora quedarán en la total indefensión ante eventuales represalias.
A eso se refiere el gobernador Silvano Aureoles en su cruzada anti narcoelección, cuando guarda celosamente bajo el brazo el Expediente X, que contiene nombres y situaciones que ponen en serio peligro a los denunciantes.
Pero en todo caso, lo que llevó a los consejeros del IEM y magistrados del TEEM a ser patéticamente ventanillas de mero trámite, pudo ser el miedo, precisamente a la venganza presidencial, política y hasta criminal. O bien, la conveniencia de que sean recompensados con alguna chamba en el gobierno morenista, una vez que concluyan su gestión.
Sin embargo, aun -todavía- no puede darse como un hecho.
Finalmente hubo control de crisis en el TEPJF y los magistrados acordaron una tregua, para sacar adelante la totalidad de las impugnaciones presentadas, particularmente los juicios de nulidad en las gubernaturas de Nuevo León, Campeche, San Luis Potosí y Michoacán. Y no tienen más que dos: esquivan también la mirada, o aceptan que pasa algo, que pone en riesgo inminente elecciones futuras, incluida desde luego, la presidencial del 2024.
De todos modos, la suerte de los magistrados federales, así como de los consejeros del INE, ya está echada. El Presidente quiere sus cabezas -en sentido figurado- por obstaculizar su propósitos tiránicos disfrazados de democracia centralista.
Pero la suerte igual, quedará echada para las y los integrantes del IEM y del TEEM.
El propio Carlos Herrera lo dijo: habrá mayoría aliancista en la 75 Legislatura local, y en una de esas, podrían iniciarles juicio político por omisiones graves, negligencia y falta de responsabilidad en sus funciones. “Cuesta cerca de mil millones de pesos mantener esos órganos para que no sean capaces de resolver con certeza”, dijo. Las sanciones son la destitución e inhabilitación para ejercer en el servicio público desde un año hasta 20 años.
Como sea, mejor se aprende de los momentos malos, y el caso Michoacán, como el odio encarnizado de López Obrador al arbitraje electoral, nos enseña que la valentía, honra y dignidad del servicio público es la única puerta real al ejercicio democrático pleno…
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Por eso, las y los morenos de Michoacán ya deberían bajarle dos rayitas a su soberbia y tomarse 10 gramos de humildad.
Siguen sin entender que este 2021, la correlación de fuerzas en lo federal y estatal ya cambiaron; que eventualmente ganaron por una pizca de votos, y si lo queremos ver así, cerca de un millón de electores NO sufragaron por Alfredo Ramírez. Por tanto, es falso de toda falsedad, que el “pueblo” esta con Morena y la 4T; los que decidieron al final de cuentas la victoria, son quienes en algún momento les pasará la factura. Y es cuestión de tiempo.
Y es que a pesar de que los neomorenos aprendieron formas de hacer política en otros partidos, hoy se conducen con tal privitivismo, que desconciertan. Ganamos y se chingan. Lo que era diálogo y concertación, ahora les fascina la imposición.
Sale Alfredo con sus amenazas de meter a la cárcel al gobernador perredista, que por traidor a la patria, porque si vende inmuebles autorizado desde 2019; porque los perros se zurran en la calle. Por el otro lado, pidiéndole que ya le pare y que reconozca junto con “El Equipo”, el triunfo. ¿Y a honras de qué? ¿por el “pueblo”? Al “pueblo” lo usan como lo hace López Obrador con su austerida´ y sus rencores. Nunca se acuerda que de cada peso que recauda el estado, 96 centavos se los chinga la Federación.
En otro frente, Alfredo busca a Alfonso Martínez para que convenza a “El Equipo” que ya no haga ruido, y por el otro, el propio Alfredo le bloquea la entrega-recepción del ayuntamiento de Morelia. ¿Entonces, a qué juegan?
Lo que Poncho debe hacer, es pagarle con la misma moneda a Raúl Morón y Humberto Arroniz, los promotores de la campaña de difamaciones y calumnias, pues nunca lograron probarle nada de lo que lo acusaron, y finalmente los votantes morelianos así lo reconocieron. Así las cosas, transa que les encuentre, que la documente, la pruebe y exija a la Fiscalía, eficacia…
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LA COMIDILLA
Ese pensamiento tan básico, tan elemental, del presidente López Obrador, que provoca que le falte tanto respeto el imaginario colectivo crítico.
A ver. El día que pague luz, gas, renta, internet, gasolina o transporte; mande a su mujer al tianguis y a la despensa, y pague los servicios de salud porque el Insabi vale madres, entonces va a entender para lo que jodidos sirve el apoyo social.
Y no lo sabe, porque primero, vivió 18 años de mantenido a costa de otros, y segundo, porque no tiene ni pinche idea de en qué se gasta la gente el dinero del “Bienestar”; sus “otros datos” no contemplan la evaluación de resultados. Entonces, como el tío Lolo…
Pero además, se pasa de perverso. Sus recurrentes ataques a periodistas y críticos no solo han incitado el odio de la chairiza demoniaca, sino abrieron la puerta a las amenazas, ya directas, contra medios y Azucena Uresti. Como AMLO asegura que los conservadores chayotean a conductores, El Mencho acusó a la periodista de recibir dinero de los Cárteles Unidos, ambos, sin ninguna prueba…
