Al entregar el segundo informe de la cuenta pública 2020 a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reveló que el gobierno de Michoacán que encabezó el perredista Silvano Aureoles Conejo se ubicó entre los estados con mayor número de anomalías en el ejercicio de recursos federales.
De acuerdo con la ASF, las auditorías practicadas en Michoacán correspondientes al ejercicio 2020 arrojaron irregularidades por un total de 725 millones 952 mil pesos, aunque de tal monto se refiere que casi 291 millones tienen que ver con el municipio de Uruapan y casi 213 millones con el sistema DIF estatal.
Y eso es nada más el año pasado, habrá que ver lo que arroja el ejercicio de recursos federales durante enero a septiembre de 2021. Junto al gobierno de Silvano Aureoles también aparecen los de Campeche, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Guerrero, que en dicho ejercicio fiscal estuvieron gobernados por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
Preocupa que cifras no empiecen a cuadrar
Apenas el 18 de octubre, el secretario de Finanzas y Administración del gobierno morenista, Luis Navarro García, anunció la contratación de una línea de crédito por un total de 1 mil 400 millones de pesos.
Eso fue dado a conocer en conferencia de prensa. Sin embargo, el pasado 27 de octubre Navarro García informó al medio de comunicación Post Data que en realidad el gobierno michoacano tiene disponible una línea de crédito a corto plazo de 2 mil millones de pesos. Es decir, 600 millones de pesos más de lo señalado en un principio.
Es comprensible que el desastre financiero dejado por las anteriores administraciones haya orillado a la contratación de nueva deuda, pero habría que tener mucho cuidado en la comunicación con la sociedad porque, de otra forma, la credibilidad y la confianza se van perdiendo. Es por tal razón que, al saberse que el nuevo gobierno contrató más deuda, el hecho saltó entre la opinión pública, toda vez que -siendo candidato- Alfredo Ramírez había prometido no endeudar más a la entidad.
Quizás ello se debió a la falta de un análisis frío o de un mejor asesoramiento, o simplemente al afán de quedar bien con las y los votantes, pero las circunstancias financieras del estado obligaron a retractarse de lo dicho. Ello todavía puede ser comprensible hasta cierto punto. Sin embargo, empezar a jugar con diferentes cifras acerca de las finanzas estatales, manejar un monto un día y otro distinto al día siguiente, da la impresión de que a los gobernados se les ve como menores de edad, pero como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gente no es tonta. Ahí está lo que pasó con el ayuntamiento morenista de la capital michoacana; ya no pudo repetir.
Fiscal General de Guerrero deja el cargo
En días pasados, el Fiscal General de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos, quien asumió la titularidad para el periodo 2018 – 2024, renunció a su puesto cuando todavía le quedaban tres años. Así, la nueva legislatura y el gobierno morenista de Evelyn Salgado Pineda tendrán vía libre para el nombramiento de un nuevo “Fiscal Carnal”.
Es un hecho que llama la atención, ya que el titular de la Fiscalía llegó a ese cargo durante el gobierno del priísta de Héctor Astudillo Flores. El fiscal deja el nombramiento que le fue conferido por el Congreso del Estado, aun cuando señaló que contaba con el apoyo institucional de la mandataria.
Una historia muy diferente fue la que vivió en Veracruz otro “Fiscal Carnal”, Jorge Winckler Ortiz, quien había sido designado por la legislatura local por un periodo de nueve años, pero que a la postre fue destituido de su cargo, por no cumplir con ciertos requisitos para el ejercicio del mismo. Su nombramiento se dio en 2016 por parte del Legislativo local, durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares. Su destitución fue en 2020, ya durante la administración del morenista Cuitláhuac García.
En Michoacán, el titular de la Fiscalía dura nueve años en su encargo. Actualmente, el cargo es ocupado por Adrián López Solís, quien fue designado por el Congreso del Estado en 2019, durante el gobierno silvanista, como resultado de la ola reformista a las constituciones locales con el propósito de dar paso a la designación de “fiscales carnales” por parte de diversos mandatarios. Habrá que ver en qué términos se desarrolla dicha relación.
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