Por Sergio Torres Delgado
En medio de tanta pobreza y desigualdad en Michoacán, solamente un gobernador cínico y desvergonzado como el perredista Silvano Aureoles pudo haber contratado un sistema de espionaje, por el que pagó casi 2 mil 700 millones de pesos, de acuerdo con revelaciones hechas este lunes por el columnista de El Universal Salvador García Soto.
En este espacio advertimos y denunciamos la práctica del espionaje inclusive contra particulares, familiares y hasta contra este periodista, por parte de gente ligada a la administración estatal silvanista.
García Soto menciona que el contrato CAPDE-1SGAB-00117 se firmó en 2017 y fue signado por el secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza; Guillermo Loaiza Gómez, titular del Comité de Adquisiciones del Ejecutivo, así como por Raúl García Palacios, por parte del proveedor, el prófugo de la justicia y esposo de Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga.
El sistema permitía monitorear todas las direcciones IP de computadoras, teléfonos móviles y tabletas en el estado y sus municipios, a través de 12 terminales y pantallas de monitoreo, 24 por 7, los 365 días del año. La dirección IP es un número que identifica cada dispositivo y su ubicación geográfica.
Alfredo Ramírez refiere contrato, pero cifras varían
Al ser cuestionado acerca de las revelaciones periodísticas, el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla informó que su administración detectó un contrato para ese sistema de espionaje, sin embargo, precisó que su monto es por 19.5 millones de dólares, es decir, casi 400 millones de pesos, una cantidad exorbitante, pero que queda lejos de los casi 2 mil 700 millones de pesos que el columnista nacional asegura fueron pagados por el perredista Silvano Aureoles.
Ramírez Bedolla dijo desconocer a quiénes espiaba Silvano, sin embargo, es razonable pensar que el objetivo del gobierno perredista eran sus opositores, legisladores locales, federales, liderazgos partidistas, sociales, activistas, candidatos, políticos y empresariales, así como periodistas, sin descartar gente de su propio gobierno, su equipo político y su propio partido, entre otros actores.
También se usó contra particulares por motivos personales
Muy de cerca, me tocó conocer el caso de espionaje sobre un respetado colaborador del senador Cristóbal Arias Solís, cuando este último contendió por la gubernatura de la entidad.
Pero el sistema de espionaje fue tan amplio y profundo que también ha sido usado por sus operadores contra particulares, por motivos personales y de hostigamiento. Así, durante casi tres años ha intervenido, hackeado, clonado e interceptado las comunicaciones de telefonía móvil, redes y cómputo de Alberto Torres Delgado, de sus contactos e incluso familiares.
De acuerdo con lo que se ha logrado saber, una de las autoras intelectuales, Gabriela Garfias Mondragón (exesposa de Alberto), confesó que su cómplice, Lucero Martínez González, propietaria o administradora de la Guardería “Chiquitos en Acción” en Morelia, usó su amistad con la agente del ministerio público Gema Vieyra Cruz y el esposo de esta, Gerardo Hernández Esquivel, para que este se encargara de espiar y hackear a Alberto, además de perpetrar agresiones físicas y lanzar amenazas de muerte contra este y su hijo menor de edad.
Por cierto, un tal Gerardo Hernández Esquivel trabajó un tiempo en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado, bajo las órdenes del ahora diputado Juan Carlos Barragán Vélez. Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero adivinen qué pasó: nada.
Funcionarios silvanistas deberán aclarar 12 mil 780 mdp
En rueda de prensa, el gobernador Alfredo Ramírez informó que los adeudos no bancarios dejados por el régimen del perredista Silvano Aureoles Conejo suman 12 mil 780 millones de pesos, con motivo de adeudos con proveedores, pago de laudos y cuestiones diversas.
Catalogó a la administración silvanista como un gobierno de “excesos y privilegios” y adelantó que, por lo pronto, serán llamados a aclarar cuentas los extitulares de diversas dependencias.
Es de señalar que correspondió a los siguientes funcionarios cerrar el sexenio: secretaría de Educación, Héctor Ayala Morales; secretaría de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo; Comunicación Social, Adán García, quien sólo estuvo unos meses luego de sustituir a Julieta López Bautista; Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes; Desarrollo Económico, Ricardo Bernal Vargas; Desarrollo Rural y Agroalimentario, Rubén Medina Niño; Migrante, Zaira Eréndira Mandujano Fernández; Cultura, Sandra Aguilera Anaya, quien relevó al ahora bedollista Claudio Méndez Fernández; Mujer e Igualdad Sustantiva, Claudia Elena Padilla Camacho; Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García; y, Salud, Diana Carpio Ríos.
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