Por Fernando Palacio y Martha Elba Torres Martínez
El 30 de septiembre a eso de las 11 de la noche, salió del aeropuerto de Morelia, hasta ese día, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y su hija Sofía; viajaría un tercer pasajero, pero no llegó.
El 17 de octubre, el sitio web “emeequis” publicó los avances de una investigación aparentemente formal sobre los recurrentes viajes secretos del ex gobernador michoacano a Estados Unidos con supuestas “maletas” que solo él cargaba; así, el portal tejió la idea de que las valijas podrían transportar dinero. (https://m-x.com.mx/secretos/los-extranos-vuelos-de-aureoles-y-lo-que-llevaba-en-ellos)
A finales de ese mes, el youtuber “El Chapucero” afin de la 4T, retomó el tema: “Trascendió que al parecer, la Fiscalía General de la República investiga al ex-gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por el uso del avión silencioso y del Comander para transportar supuestamente ´contrabando´ y traslado de dinero en efectivo de dudosa procedencia a Estados Unidos de Norteamérica”.
Ninguno de los dos medios aportó prueba alguna en sus publicaciones y se escabulleron sigilosos, por el estrecho pasadizo de los “trascendidos”. Hasta ahora, no hay evidencia alguna de que las maletas de Silvano transportaran algo más que calzones, calcetines y crema para afeitar.
Lo que estos reporteros sí lograron acreditar es que el último vuelo de Aureoles Conejo como gobernador de Michoacán fue a bordo de una aeronave rentada y sin su piloto de cabecera, su medio hermano Carlos García Conejo. Pero un dato lleva a otro: gastos opacos, irregulares, injustificados y sobreprecios durante la gestión de Mariano Perea Cervantes al frente de la Dirección de Servicios Aéreos del gobierno del estado.
Al día de hoy, cuatro de los cinco helicópteros propiedad del gobierno estatal se encuentran retenidos en talleres de Monterrey y Ciudad de México, hasta en tanto se liquiden facturas por reparación y mantenimientos por 125 millones de pesos, más pago de pernoctas que datan de 2017.
El alquiler
El 7 de octubre pasado, en Palacio de Gobierno, los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, Carlos Torres Piña y José Alfredo Ortega, respectivamente, exhibieron el contrato por adjudicación directa de la renta por 69 meses -de enero de 2016 a agosto de 2021- de seis helicópteros y un avión vigía (“sigiloso”) con la empresa B3 Fly Services SA de CV, creada en diciembre de 2015, y cuyo monto ascendió a poco más de más mil 227 millones de pesos. En la rueda de prensa de ese día, Torres Piña ofreció a los medios una copia del convenio, pero nunca la proporcionó, ni a petición particular de algún interesado, como fue nuestro caso.
De acuerdo a documentos en poder de estos reporteros, otras empresas, además de B3 Fly Services, rentaban aeronaves al gobierno del estado; se trataba Servicios Aéreos La Viña, propiedad del cacique tacambarense Valentín Rodríguez, presumiblemente asociado con Carlos García Conejo, así como Servicios Corporativos Aéreos La Laguna.
Servicios Aéreos La Viña SA de CV aparece en la web también como Aerotours La Viña SA de CV, ambas dedicadas al transporte aéreo no regular; ésta última se creó en noviembre de 2017 y con base en su portal, emplea “alrededor de 6 a 10 personas”.
La Viña da como domicilio en el sitio webscomercio (Fuente: https://www.webscomercio.com/?pyme=486799191) “Ninguno Acatempan #333- Colonia Ex Hacienda Sn Jose De La Huerta C.P. 58342 Morelia, Michoacán”, en tanto que Aerotours, “Privada Acatempan y Circuito Periférico Paseo de la República (Sector Independencia) manzana 4”. Es la misma dirección.
A pesar de que el Gobierno de Michoacán contaba con siete aeronaves -cinco helicópteros y dos aviones- la renta para traslados de funcionarios por aire era recurrente; el costo de cada alquiler rondaba los 499 mil pesos.
Por ejemplo, el helicóptero Bell 206 matrícula XA VGR en el que fallecieron el 24 de julio de 2019 el entonces titular de la SSP, José Martín Godoy Castro y otros servidores públicos en la sierra de Villa Madero, era rentado. En el caso del accidente del Bell 407 matrícula XC ZIT en el lago de Zirahuén donde resultó muerto un productor de TV Azteca, el 18 de septiembre de 2012, era propiedad del gobierno del estado; con el pago del seguro se compró otro Eurocopter modelo AS350B3 matrícula el XC PTZ.
Otro helicóptero envuelto en escándalo, porque precisamente es de las aeronaves rentadas a Servicios Aéreos La Viña, fue el que transportó a principios de abril de 2015, a Carlos Navarrete entonces dirigente nacional del PRD, a Morelia. Este partido admitió que realizó un desembolso de 54 mil pesos por el alquiler de dos horas.
Negocios en el aire
La Dirección de Servicios Aéreos del Gobierno del estado sí que navegó todo el sexenio en total sigilo, pues su manejo nunca pudo ser detectada por la Contraloría ni la Auditoría Superior de Michoacán. La presente investigación periodística sigue en proceso hasta en tanto el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla decida realizar una auditoria forense y recuperar los cuatro helicópteros del estado “bajo resguardo” en hangares de dos empresas, una en la Ciudad de México y otra de Monterrey.
De acuerdo a cálculos preliminares, en este rubro, los contratos en total podrían ascender a más de mil 700 millones de pesos, cantidad con la que se pudo renovar la flotilla completa.
En 2014 que Salvador Jara asumió la gubernatura, entre sus primeras acciones de contención del gasto público, decretó la desaparición de la Dirección de Servicios Aéreos y la rebajó a Jefatura de Departamento adscrito a la secretaría particular del despacho del gobernador, en tanto que las aeronaves pasaron a la administración de la SSP y la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.
Como Departamento, Servicios Aéreos representó una disminución considerable en los costos de operación al reducirse el personal en 87 por ciento, lo que representaba casi dos millones de pesos en sueldos.
Con Silvano Aureoles, el área retomó su carácter de Dirección y puso al frente a Mariano Perea Cervantes, con una plantilla de 57 empleados en nómina y con salarios de 65 mil pesos el más alto hasta 20 mil pesos el más bajo.
Actualmente, la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Seguridad Pública esta a cargo del mayor Rafael Rosales Núñez, quien se encuentra laborando con todo el personal que contrató Mariano Perea.
En el directorio oficial de la Fiscalía General del estado (Fuente: https://directorio.fiscaliamichoacan.gob.mx/Oficina/Mzc0OQ==) al frente de “Servicios Aéreos” se encuentra todavía el abogado Juan Martínez Oregon, quien no cuenta carrera aeronáutica. Versiones extraoficiales apuntan a la eventual incorporación de Perea Cervantes en esa Dirección. De darse el nombramiento, Mariano, literal, sería “aviador de nómina”, porque la FGE no cuenta con aeronaves propias.
Muchas horas de vuelo
Mariano Perea Cervantes fue desde octubre de 2015 y hasta septiembre pasado, el titular de la Dirección de Servicios Aéreos.
De acuerdo a su currícula, estudió mantenimiento mecánico eléctrico en el Conalep de San Cristóbal, Veracruz, y le dio por la mecánica de aviación que cursó entre 1981 y 1983. Cuenta con más de una treintena de cursos en materia y ostenta la licencia aeronáutica número 200109117 con capacidad en aeronaves de ala fija y helicópteros con fecha de vencimiento el 18 de marzo del 2018 (Fuente: http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=216556), que debió de ser renovada.
Pero la administración y gestión de recursos públicos nunca fue su fuerte. O todo lo contrario. Para recuperar los cuatro helicópteros del estado, Ramírez Bedolla tendrá que pagar 125 mdp y para ello, tiene que revisarse con lupa ese gasto superior a mil 700 mdp, que incluye el contrato B3 Fly Services.
En septiembre pasado, por instrucciones del jefe de Gabinete, Isidoro Ruiz Argáiz, la comisión de recepción del gobierno entrante se presentó en las instalaciones de la SSP para iniciar el proceso de entrega que contempla todos los asuntos de su competencia, como son recursos humanos, materiales y financieros, y desde luego, toda la documentación y bitácoras de las operaciones realizadas durante el ejercicio.
Perea Cervantes habría entregado solo una caja con documentos, facturas pagadas y otras en tránsito a la Comisión encabezada por Elías Acosta. El proceso de entrega-recepción la continuó el delegado administrativo Eli Coria.
De los documentos en poder de estos reporteros, destacan dos aspectos relevantes: el gasto excesivo e injustificado en “capacitaciones”, hasta tres cursos por año al personal técnico aeronáutico -dentro y fuera de nómina-, cuando la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) considera obligatorio una vez al año.
Cada curso en valor regular, se cotiza entre 12 mil y hasta 35 mil pesos por muy especializado. Pero se pagaron facturas en 2018, por un millón 773 mil pesos en cifras cerradas; en 2019, cinco millones 871 pesos; en 2020, cuatro millones 075 mil pesos y hasta agosto de este 2021, tres millones 377 mil pesos.
Un ejemplo, es un curso que recibieron en diciembre de 2020, los pilotos Jaime Júpiter Aguirre, Rafael Perea Genis -hijo de Mariano- y Santiago Antonio Acosta Mena; la factura fue por 556 mil en números cerrados.
Cabe mencionar que Eli Coria, es primo de César Edwin Sánchez Coria, quien fungió como director de Parques Industriales y quien presumiblemente era el enlace para la contratación de los “cursos de capacitación” en la DSAGM. Este ex funcionario, también ha sido mencionado como copropietario -o prestanombre- de la empresa minera “Metales y Minerales Preciosos Stone”, de la que también presumiblemente, son socios Carlos García Conejo y Marco Antonio Solís “El Buki”. (Fuente: https://rock101online.mx/el-buki-y-el-hermano-del-gobernador-de-michoacan-tienen-una-empresa-minera/)
El mantenimiento
El mantenimiento de las aeronaves del gobierno del estado también representó una importante fuga de recursos por los sobreprecios contratados. Las empresas AZOR de Nuevo León y STAM de la Ciudad de México, reclaman adeudos pendientes por alrededor 125 millones de pesos por servicios facturados pero no efectivamente realizados a los helicópteros del gobierno del estado.
Por ejemplo, AZOR reclama el pago por mantenimiento y reparación del viejísimo helicóptero Eurocopter matrícula XC-LKR por la cantidad de 41.7 mdp más otros 14.3 mdp para dejarlo navegable. El costo rebasa el valor comercial de la propia aeronave. En las instalaciones de STAM se encuentra el Bell 412 matrícula XC-MOR y para recuperarlo, hay que pagar 69.8 mdp.
Otro aspecto relevante que pasó inadvertido para la fiscalización, es que el ciento por ciento de los contratos realizados por la Dirección de Servicios Aéreos fue por adjudicación directa y sin pasar por el proceso de licitación correspondiente ante el CADPE, donde solo figuran tres empresas en renta de aeronaves, tres empresas en cursos de capacitación y cuatro empresas en mantenimientos.
El estado actual de las siete aeronaves propiedad del gobierno del estado, solo están en operación el avión Comander XC MLM, con 15 horas de vuelo antes de regresar a servicio, y el Bell matrícula XC JQM con 46 horas de vuelo.
El problema es que este helicóptero, a principios de noviembre realizó ocho vueltas al interior del estado para trasladar despensas del “Bienestar”. La aeronave que no está diseñada para carga, soporta hasta 350 kilogramos a nivel del mar, así que de puro milagro no se desplomó y otra vez, un helicóptero de Michoacán, habría sido escándalo nacional.
