Por Sergio Torres Delgado
Un total de 81 mil 546 millones de pesos será el gasto público de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, junto con las dependencias, entidades y organismos autónomos de la entidad, para el año 2022.
A reservas de analizar cómo les fue a todas las unidades programáticas en comparación con el año pasado, el presupuesto de egresos fue superior a los 75 mil 616 millones de pesos aprobados por el Congreso del Estado para 2021.
Al mismo tiempo que se aprobó el paquete económico para el gobierno de la entidad, se aprobaron las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de los 113 ayuntamientos michoacanos, incluida la capital michoacana.
La verdad es que la mayor parte del gasto se va al Capítulo 1000, que es el pago de servicios personales, como nómina y gasto corriente de los entes públicos. Ciertamente habrá mayores recursos para la secretaría del Bienestar y sus nuevos programas sociales: pensión para familiares de infantes con cáncer y apoyo a personas con discapacidad mayores de 30 años.
Hay que recordar que los programas sociales son el fuerte de la 4T, como ha ocurrido a nivel nacional. Son las acciones en ese rubro las que han fortalecido a Morena y las que han dado la puntilla, electoralmente hablando, a la oposición prianista-perredista.
Ya en su momento advertiremos si realmente hay voluntad de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Si en verdad es así, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla alentará a la sociedad civil a dar seguimiento al recorrido que sigan los recursos públicos en cada una de las dependencias del Ejecutivo local.
Lo tendremos que ver en sus políticas en materia del derecho a la información, en la actuación de la secretaría de la Contraloría, de las y los delegados administrativos de cada entidad, de las contralorías internas, de la Auditoría Superior de Michoacán, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción e incluso de los observatorios ciudadanos.
Sin embargo, ¿qué tan posible es para el ciudadano de a pie conocer cómo se gasta el dinero público e incluso cómo se maneja?, ¿si hay partidas de disposición libre o recursos etiquetados que no pueden ser usados a discreción?
Es complicado, incluso para los propios periodistas, saber a ciencia cierta a dónde va a parar el dinero público, por eso es necesario, por un lado, que haya voluntad política de parte de los titulares de las unidades programáticas y, por otro, preparación-capacitación de quienes están interesados en vigilar el buen uso del dinero público.
En su momento también habrá que analizar y evaluar si figuras como la Auditoría Superior, las contralorías y los observatorios ciudadanos realmente pueden, normativamente hablando, tener algún efecto o en alguno de esos casos simplemente se trata -en los hechos- de empleados de las propias entidades públicas y, por tanto, su labor queda nulificada, como ha ocurrido en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en al menos una etapa opaca y discrecional vivida no hace mucho.
A propósito de los observatorios ciudadanos, el IEM ya constituyó el suyo, pero todavía está abierta la convocatoria para integrar el órgano correspondiente al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Es deseable que haya una participación ciudadana que observe a los organismos autónomos, pero lamentablemente no siempre hay una respuesta tan profusa.
Asimismo, es de llamar la atención para algunos observadores y analistas que, en el caso del presupuesto del IEM, el Ejecutivo estatal respetó la propuesta de 381 millones de pesos presentada por el órgano administrativo electoral. No le quitó ni un solo peso. Sin embargo, al Tribunal Electoral sí le aplicó una reducción de unos 30 millones, lo que lo dejó en 88 millones de pesos. ¿Se consintió al IEM, independientemente de que este reparta las prerrogativas económicas que se reparten los partidos políticos?
Por lo pronto, deseamos que hayan pasado una feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo.
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