Por Sergio Torres Delgado
El ejercicio para la revocación de mandato a nivel federal va. Está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho de la ciudadanía.
El más interesado que se haga es el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo cual es una ironía, ya que uno pensaría que los más interesados deberían ser los opositores partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), entre otros.
López Obrador y Morena, el partido que fundó, son los principales impulsores, mientras que el prianismo perredista cejó en su entusiasmo inicial, sobre todo al observar que los índices de popularidad del mandatario se mantienen, gracias al apoyo de una gran base social.
Lo que veían al principio como una oportunidad para derrotar al tabasqueño, se convirtió en un temor porque la consulta pareciera más bien -según se visualiza- una “ratificación de mandato”.
Al mismo tiempo, las entidades del país se van pintando poco a poco de color guinda.
Hay quienes opinan que López Obrador únicamente busca, con la consulta de revocación de mandato, enviar un mensaje sobre la fuerza que mantiene y su popularidad, derivada de voltear a ayudar a la gente y hacia esta apunta su esfuerzo gubernamental. Algo que se les olvidó a los ahora opositores.
Claro, en Morena también hay sus prietitos en el arroz, como la muy cuestionada democracia interna en el dedazo en la designación de sus dirigentes y de sus candidaturas a puestos de elección popular o sus posturas incongruentes, por ejemplo: en tanto que en Michoacán impulsaron como gobierno el reemplacamiento vehicular, en Querétaro -como oposición- critican a los panistas por hacer lo mismo (A Tiempo Noticias 30/12/21).
Hay algunas excepciones entre sus miembros, es verdad. No se puede generalizar.
Sin embargo, el manto protector lópezobradorista es tan fuerte que todo ello pasa a segundo término, con lo cual se demuestra que la gente es capaz de dejar pasar ciertos asuntos si sus gobernantes se esmeran por su bienestar. Todo lo demás pasa a ser simplemente peccata minuta. Cosas nimias.
Con AMLO en el poder todavía hasta el 2024, los gobiernos morenistas en las entidades y en los ayuntamientos, así como sus mayorías en las legislaturas federales y locales tienen gran margen para imponer, incluso, medidas antipopulares e incluso contrarias a los postulados o principios de la 4ª Transformación.
Pero López Obrador concluirá su mandato en 2024 y quién sabe qué pasará con el morenismo. Las imposiciones en cargos de elección y en la estructura partidista cobrarán factura tarde o temprano. Incluso el golpeteo contra Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ha comenzado, ante la inminencia de la sucesión presidencial. Particularmente porque el exgobernador zacatecano ha cuestionado la farsa de las encuestas que, en teoría, deciden el reparto del poder.
¿Cómo sobrevivirá el morenismo después del 2024 si López Obrador ya no estará y -segura- ya no intervendrá en política? Si fuese realmente así, el panorama en 2024 dibujará un contexto muy diferente.
Entonces, por qué tantas resistencias de la oposición partidista. Por qué no tomar la oportunidad e impulsar la revocación de mandato en Michoacán y todas las entidades del país para poner a prueba el ejercicio de gobierno, dando la oportunidad de sopesar -por decirlo de alguna manera- las buenas y malas decisiones de cada gobernante. El rompecabezas geopolítico, sin duda alguna, se pondría muy interesante.
Probablemente muchos mandatarios morenistas ya no estarían seguros de aplicar ciertas medidas contrarias a la gente. Y, si tienen la convicción de que están haciendo las cosas a favor de la gente, por qué temer someterse al juicio de la sociedad de cada estado del país.
Por otra parte, no puede descartarse tampoco que los opositores prefieran una disputa político-electoral pactada, en la que todos se hacen concesiones e intercambio de favores, como ocurrió con el reemplacamiento vehicular en Michoacán o como el perdón de actos de corrupción de personajes o gobiernos de todos los colores del espectro partidista.
A final de cuentas, todo indica que todos son lo mismo ya estando en el poder -con honrosas excepciones- y, arriba, simplemente forman parte de una élite que se reparte el poder, transformando la participación ciudadana en una puesta en escena, de la que solamente es espectador.
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