Por Sergio Torres Delgado
El próximo 2 de febrero se llevará a cabo la audiencia constitucional que forma parte del juicio de amparo interpuesto en contra de la designación de Carlos Alberto Gamiño García, como nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Michoacán.
Lo anterior, siempre y cuando la fecha no se vuelva a diferir como ha ocurrido ya debido a que la presente Legislatura -la 75- no ha reunido la documentación y la información requeridas por el juzgado séptimo de distrito, con sede en esta Ciudad de Morelia.
De incumplir nuevamente, el Congreso del Estado se podría hacer acreedor a sanciones.
Al menos se sabe de dos recursos legales presentados en contra del procedimiento llevado a cabo por la segunda Comisión de Selección -nombrada por la anterior Legislatura, la 74- para la designación de Gamiño García.
Uno de ellos, promovido por Claudia Verduzco Moreno, una de las aspirantes a comisionada, y otro al parecer por Elizabeth Vázquez Bernal, presidenta del CPC.
Hasta donde se sabe, el amparo presentado por Claudia Verduzco devela el conflicto de interés de Gamiño García como asesor y servidor público de la 74 Legislatura, al servicio de la exdiputada morenista Cristina Portillo Ayala, expresidenta de la Comisión de Gobernación, órgano que dictaminó -junto con la de Justicia- las propuestas para integrar la segunda Comisión de Selección.
Asimismo, pone en entredicho el nombramiento de algunos integrantes de la Comisión provenientes de supuestas organizaciones civiles, quienes no acreditan conocimientos en la materia y, por tanto, estarían descalificados para evaluar a las y los candidatos a integrar el CPC.
No hay que olvidar tampoco que entre los integrantes de la segunda Comisión de Selección está el matrimonio compuesto por Blanca Liliana Ramón Mena y José Luis Cortés González, entre quienes no cupo la sensatez y la honestidad para que al menos uno de ellos se hubiera rehusado al nombramiento en razón del notorio conflicto de interés derivado de sus vínculos maritales-afectivos.
Y, para allanarle el camino a Gamiño García, la mayoría de la Comisión incluyó un inciso que exigía “haber denunciado casos de corrupción ante las instancias de contraloría municipal o estatal, Fiscalías anticorrupción estatal o federal, y/o ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán”.
Por si no fuera suficiente, también se alteraron los resultados de las evaluaciones para presentar a Gamiño García como el de mayores calificaciones, cuando fue Claudia Verduzco quien obtuvo los mejores resultados.
Así lo manifestaron públicamente integrantes de la Comisión: Juan Carlos Miranda Rosales, Miguel Ángel Medina Romero y José Cuitláhuac Guzmán Hernández, durante una rueda de prensa a la que se presentó un amigo de Gamiño García, haciéndose pasar por reportero -usurpación de profesión- con la intención de reventar la conferencia con base en vehementes señalamientos y ataques ya personales contra los comisionados.
Un caso sumamente vergonzoso que sería bueno que la justicia federal enderece con su fallo, que seguramente se conocerá a mediados de febrero. Lo sano sería reponer la elección de la Comisión de Selección y emitir una nueva convocatoria.
En tanto, Gamiño García, quien lejos de optar por la renuncia, ha mostrado más empeño por que le paguen, aun cuando su nombramiento está en vilo. Y al parecer ya comenzó a cobrar, lo que traería más cuestionamientos en cuanto a la ética y legalidad de la situación y los involucrados.
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