Por Sergio Torres Delgado
El pasado día 12 del presente mes, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, encabezó el 45 aniversario de la fundación de Rescate Michoacán, en la ciudad de Zamora.
Ahí, el edil panista-perredista reconoció la labor del cuerpo de bomberos, voluntarios, rescate y salvamente de la entidad, de acuerdo con el boletín emitido por su oficina de comunicación.
Ello obliga a plantearse si comenzaremos a ver esa tónica en la administración de Martínez Alcázar como parte de su estrategia para promocionarse más allá de la capital michoacana, rumbo a las próximas elecciones del 2027 por la gubernatura. Que están lejos, aparentemente.
Sin embargo, los políticos son eternos “suspirantes”, tal como lo sugiere el título de la columna de nuestro colega Nicolás Casimiro, “Los suspirantes”.
La actividad política de Martínez Alcázar, quien no solamente es dado a los viajes al extranjero pagados con el recurso público, recuerda sin duda algún momento en que Raúl Morón, al frente de la presidencia municipal de Morelia, aprovechaba para presidir actividades en diversos puntos del territorio estatal, por supuesto, previo a su postulación como candidato de Morena a la gubernatura.
Sin embargo, parece que hay funcionarios que poco ayudan a sus afanes de notoriedad, como es el caso de Gaspar Hernández Razo, quien sin necesidad alguna dio inicio al debate respecto a si este ayuntamiento de corte conservador (blanquiazul) ahora criminaliza a las y los jóvenes que se dan cita en las plazas públicas de la ciudad para practicar sobre sus patines, patinetas y bicicletas.
Cuando uno piensa en el quid de aquella filosofía que subraya lo innecesario que resulta querer arreglar lo que no está descompuesto, bien puede reparar en este tipo de casos.
Seguramente el gerente del Centro Histórico tendrá asuntos mucho más importantes relacionados con su competencia que andar azuzando a la fuerza pública para que persigan y lleven ante la autoridad a jóvenes que de alguna forma u otra encuentran en tales deportes una salvación, a diferencia de muchos que son orillados a andar caminos sórdidos o trágicos.
Posiblemente puedan causar algunas “afectaciones”, dice él, a adultos mayores o a “niños descalabrados”. Eso se le podría conceder. Pero de ahí a perseguirlos como criminales hay mucha distancia.
Sobre todo cuando él mismo reconoce que las bancas de cantera, verbi gratia, no forman parte del patrimonio cultural protegido. Matiza señalando que, aún así, son parte del mobiliario urbano y están dentro de la zona de monumentos históricos.
Pero el funcionario, en apego a un quizás absurdo bando municipal, amaga con denuncias penales por la presunta comisión del delito de daño en las cosas y con la presentación de los responsables ante la Fiscalía General del Estado (FGE), una vez que concluya su piadosa y magnánima campaña de información y concientización.
¿No sería más fácil ejercer algún tipo de vigilancia que inhiba las “afectaciones” de las que habla, con un trabajo preventivo, a seguir con ojos cerrados un bando municipal cuyo contenido o diseño tal vez debería cuestionarse y modificarse?
Por otra parte, en la cuenta oficial del gobierno moreliano se resalta la labor para tapar baches en algunas zonas de la ciudad, que con toda honestidad a veces no se notan, no porque no lo haga, sino porque es un problema que abarca prácticamente toda la ciudad.
Sin embargo, sería de reconocerse que el ayuntamiento de Martínez Alcázar se acuerde de colonias y comunidades alejadas como Arko San Pedro, La Joya y Uruapilla, cuyos habitantes -al sur de Morelia- reclaman la atención para arreglar los deteriorados pasos a desnivel que permiten el cruce de automovilistas y transporte público a uno y otro sentido para incorporarse a cualquiera de los dos sentidos de la carretera Morelia-Pátzcuaro.
Y si los socavones existentes no se atienden durante esta época, en temporada de lluvias se agravarán las consecuencias, entre ellas los encharcamientos severos que ya se han vuelto recurrentes en los últimos años. No bastan ya soluciones temporales.
Las y los habitantes de esos asentamientos están dispuestos a participar y aportar incluso mano de obra, pero ¿qué se necesita para lograr la acción del Ayuntamiento capitalino?
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