Por Sergio Torres Delgado
La actual administración municipal, presidida por Alfonso Jesús Martínez Alcázar, lleva a cabo una agresiva campaña de multas a diestra y siniestra en esta capital. Asegura que no se trata de un ardid recaudatorio, sin embargo, no estaría mal que mes a mes informara el monto de lo ingresado vía sanciones económicas que se reportan, los servicios de grúa utilizados, así como los costos adicionales para tripulantes de vehículos cuando estos van a parar al corralón.
Para nadie ha pasado desapercibida la cantidad de multas que los agentes de tránsito aplican. Si bien la mayoría podría justificarse -el municipio defenderá que todas son justificables-, habría que revisar diversos aspectos. Uno de ellos sería el estacionarse en lugares prohibidos, como es el caso de una buena cantidad de arterias del Centro Histórico.
La pregunta es cuál es la razón o el espíritu del fundamento jurídico para tal restricción, si es puramente estético, sustentado sobre el hecho de que se trata de un interés turístico concatenado con el carácter de patrimonio cultural de la humanidad, o, bien, tiene sus raíces en una bien cimentada estrategia vial que ayudará al ordenamiento y la movilidad urbana.
El número de vehículos o parque vehicular existente, sin embargo, así como el sentido común, parecen indicar lo contrario. Definitivamente los desplazamientos del punto A al punto B en esta urbe se complican cada vez más, con estacionamientos insuficientes, algunos caros, mal diseñados, con espacios mínimos y mala atención; plantones, manifestaciones, bloqueos; mal estado de las vías de comunicación, baches (en los que habría que registrar el teléfono del Tribunal de Justicia Administrativa, debido a los daños que ocasionan a unidades automotoras y a veces con accidentes que provocan lesiones a los conductores de motos o ciclistas); y, falta de señalética o balizamiento, responsabilidad del municipio.
Las últimas administraciones parece que intentan reducir espacios de circulación con diseños sin sentido, como algunos realizados durante el gobierno moronista en la intersección de Acueducto y la calzada Ventura Puente, o a obstaculizar la movilidad, como aquellos macetones peligrosamente ubicados en las esquinas donde los autos debían dar vuelta. Por cierto, algunos de ellos todavía quedan para recordar el gasto inútil de la autoridad.
Por otra parte, es un secreto a voces la vulgar práctica de los jefes para solicitar a los elementos de tránsito una cuota de multas por día. ¿Habrá negocio detrás de todo esto?
Conclusión. Es cierto que aún falta mucha cultura vial, incluso saber conducir, respeto mutuo entre automovilistas, motoristas y ciclistas, respeto a los peatones y prudencia por parte de estos. Empatía. Aplicar la ley evidentemente ayuda a poner orden, objetivo que el ayuntamiento presume imponer, sin embargo, también vale reflexionar si la ley o los reglamentos existentes están bien construidos en cuanto a las disposiciones que los integran.
Adenda
Brutal. Simplemente brutal lo que acaba de ocurrir en San José de Gracia, cabecera municipal de Marcos Castellanos. Una ejecución más sin precedentes, que se suma a episodios muy oscuros a la historia reciente de Michoacán y la acción de civiles armados, como las abominables ejecuciones registradas en Uruapan y los granadazos en esta capital michoacana en plena celebración de las fiestas patrias, en 2006 y 2008 respectivamente.
Hay que decirlo crudamente, la impunidad, la falta de Estado de Derecho y la ausencia del Estado -entendido en sus tres órdenes de gobierno- en algunos aspectos de la vida pública, así como la corrupción, son componentes para la presentación de escenarios tan trágicos e impactantes.
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