Por Sergio Torres Delgado
La semana pasada, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de la Contraloría, Azucena Marín Correa, dieron a conocer que el gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo contrató -durante su mandato- empresas vinculadas a medios de comunicación por 7 mil 600 millones de pesos.
Contratos extendidos por la prestación de servicios subrogados en el sector Salud, los cuales han arrojado diversas irregularidades y están sujetos a análisis para eventualmente determinar el probable daño patrimonial a la entidad.
En conferencia de prensa, María Correa expuso que “dentro de las irregularidades generales detectadas están la creación de nuevas empresas. Se crearon empresas ex profesas (sic) para otorgar los servicios o se cambió la razón social de algunas empresas para poder dar esos servicios, cambio de modalidad en el tipo de contratación, sin unidades de medida ni detalle de los servicios prestados; no se cuantificaron los servicios que se iban a recibir; duplicidad en servicios otorgados por vicios ocultos y por no hacer válidas las garantías”.
O sea, abundó, se contrataron dos veces o tres veces un solo servicio y nunca se pidió que se terminara de realizar bien el servicio que ya se había pagado la primera o la segunda vez.
No hay entregables y tampoco hay el servicio que se comprometieron a prestar. No, no lo encontramos, que nos digan dónde están, resumió.
La funcionaria precisó que los contratos fueron signados con 21 empresas vinculadas a medios de comunicación. De acuerdo con medios como Sin Embargo, uno de esos medios noticiosos es Latinus, dirigido por el hijo y el yerno del excandidato presidencial priísta Roberto Madrazo Pintado.
En total, dijo, hay 60 denuncias relacionadas con anomalías en el sector salud, de las cuales 27 se presentaron durante el propio gobierno silvanista y 33 durante el actual, 14 de las cuales fueron presentadas por la propia secretaría de Salud.
Para más exactitud, seis de las denuncias están relacionadas con alrededor de 25 empresas con posibles vínculos con medios de comunicación, 21 de ellas contratadas por el gobierno de Silvano Aureoles. Algunas pagadas con recurso estatal, otras con dinero federal.
Cabe señalar que una de esas empresas vinculadas con Latinus es Movimedical S.A. de C.V., la cual tenía como asesor en Administración de Proyectos a Federico Madrazo Rojas, hijo del excandidato presidencial priísta Roberto Madrazo Pintado. Sí, es la empresa exhibida en el escándalo de las mastografías en varias entidades del país.
Hay que recordar que Elizabeth Vázquez Bernal, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se presentó el 14 de febrero ante la secretaría Ejecutiva del SEA para interponer denuncia por un presunto fraude de 400 millones de pesos, presumiblemente registrado de 2015 a 2021, durante el gobierno perredista de Silvano Aureoles Conejo, por el caso descrito.
Sobresale, hay que mencionarlo, que el actual secretario de Salud del gobierno bedollista, Elías Ibarra Torres, fue titular del ramo de salud durante el mandato de Aureoles Conejo, de abril de 2017 a marzo de 2018. ¿Estará aportando lo que sabe en contra de Silvano Aureoles Conejo? Seguramente tuvo algún conocimiento de lo que ocurría, de lo contrario, será interesante conocer lo que diga en su defensa, aunque su paso por la administración perredista fue de once meses. Pero ostentó el cargo de secretario de Salud en Michoacán. De ahí la importancia de sus testimonios.
Sería interesante saber lo que opinen al respecto los perredistas encabezados por Octavio Ocampo. Por un lado, poco o nada se ha visto para intentar defender a Silvano Aureoles. Por otro, acerca del papel jugado por Elías Ibarra como funcionario silvanista.
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