Por Sergio Torres Delgado
Mal augurio resulta el ataque perpetrado contra habitantes de la comunidad de Carapan, en el municipio de Chilchota, justamente en el marco de la decisión comunitaria a favor de su libre autonomía y el ejercicio directo del presupuesto.
Sin embargo, la atmósfera ya estaba enrarecida con la abierta y pública oposición del edil a esta determinación.
Cabe recordar que el gobierno de Chilchota está encabezado por Miguel Ángel Ramos Alejo, quien ganó en la pasada elección como resultado de la alianza PRI-PAN-PRD, quien -a decir del gobierno estatal- abandonó el diálogo establecido para facilitar la transición a dicho mecanismo de participación ciudadana en favor de las comunidades indígenas.
Ahora sí que mal momento, para el edil y sus allegados contrarios a la autonomía de Carapan, que se haya desatado la violencia precisamente en circunstancias en el que el contexto político es complejo. ¿Habrá sido mera casualidad?
Otra de Silvano Aureoles, el C5i
Hablando de casualidades, cualquier parecido a una cortina de humo para disipar lo ocurrido en Carapan es pura coincidencia. ¿O no?
Quizás se trate de una casualidad que, luego de los sucesos violentos en el municipio de Chilchota, el gobierno michoacano ofrezca en su conferencia de prensa matutina de los lunes información relacionada con presuntas anomalías registradas durante el gobierno perredista de Silvano Aureoles Conejo. Quizás no.
Lo cierto es que parece que la administración silvanista siempre dará mucha tela de dónde cortar.
Ya desde fines de 2021, el mandatario morenista Alfredo Ramírez Bedolla exhibió diversos hallazgos asociados a presuntas irregularidades atribuidas al exgobernador, entre ellos el relacionado con el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i).
Todo inicia con una inversión de 5 mil 600 millones de pesos para su construcción, sin que opere a toda su capacidad y con grandes carencia. Por ejemplo, dice el propio gobierno morenista, posee 1 mil 160 cámaras de vigilancia sin funcionar y 744 pendientes de instalar. Otras tantas fueron instaladas en municipios, sin que existiera fibra óptica para su conectividad.
Tampoco funcionaba la mitad de los arcos carreteros instalados para tomar fotografías de placas vehiculares, ya que las pantallas estaban dañadas o apagadas. Eso sí, con 643 elementos laborando en el complejo tecnológico, con once subcentros localizados en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Uruapan, La Piedad, Jiquilpan, Huetamo, Zamora, Zitácuaro y dos en Morelia, de acuerdo con información proporcionada por el Ejecutivo estatal el 03 de octubre del pasado año.
Sin embargo, por si fuera poco, Aureoles Conejo intentó hacer válido un contrato firmado en diciembre de 2019 por un monto de 1 mil 740 millones de pesos, pagaderos durante doce años, con los intereses consiguientes, en favor de la empresa SPE Michoacán Seguro S.A. de C.V., creada apenas siete días antes de la firma del convenio.
El contrato se firmó a través de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad. Israel Patrón fue nombrado titular de la dependencia el 30 de julio de 2019, en la cual fungió hasta 2021.
Como el contrato se firmó sin la respectiva autorización de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Silvano Aureoles interpuso recursos legales para imponerse, sin embargo, tales mecanismos fracasaron y el actual gobierno se libró de erogar esa cuantiosa suma monetaria, en detrimento de las y los michoacanos.
Las denuncias, por si se lo preguntan, se presume que “se están implementando”, según lo dicho por Ramírez Bedolla.
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