Morelia, Michoacán.- Las remesas que envían los migrantes mexicanos tienen una importancia fundamental para el desarrollo económico local de México. De hecho, el Banco de México reportó el miércoles que en el periodo enero-noviembre de 2018, los recursos por este concepto llegaron a 30,527.29 millones de dólares, que representa un crecimiento de 10.89 % respecto al mismo lapso de 2017, cuando ingresaron 30,290 millones. Sin embargo la corrupción y las investigaciones de actos ilegales han obligado a revisar el esquema de programas de apoyos a migrantes a escala federal, explicó la diputada Cristina Portillo.
La legisladora local de MORENA dijo que el banco central reportó en noviembre el ingreso de 2,910 millones de dólares, que significa un incremento anual de 20.2 %, pues se estimaba un envío por 2,615 millones, debido a la solidez del mercado laboral en Estados Unidos que beneficia a los trabajadores migrantes, pero sobre todo, al discurso antinmigrante que predispone a los trabajadores mexicanos a enviar recursos a sus lugares de origen.
Estos datos reveladores –en el contexto de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer a Morelia para inaugurar las oficinas del IMSS y garantizar así mayor eficiencia en la prestación de servicios médicos y asistenciales a la población, incluidos migrantes y sus familias- obligan al gobierno a instrumentar una perspectiva distinta de apoyo al migrante para desaparecer la corrupción en el ejercicio de recursos públicos de programas federales y sobre todo, para apoyar directamente a los migrantes y sus familias.
Estas estadísticas oficiales sobre el ingreso de remesas a México –especialmente de trabajadores en Estados Unidos- demuestran la importancia social y relevancia económica del fenómeno migrante y sobre todo la responsabilidad del nuevo gobierno federal al atender este tema, sobre todo frente a los actos de corrupción que se investigan a programas federales de apoyo a la población migrante y sus familias, que fueron recursos que tuvieron usos discrecionales por parte de funcionarios federales y locales.
Cristina Portillo reportó que al inicio de 2017, la Auditoría Superior de la Federación inició las investigaciones para fincar responsabilidades por el presunto desfalco de 10 millones 315 mil 415 pesos que se debían orientar a los programas de atención a migrantes.
Hasta ahora la instancia federal no ha informado públicamente el resultado de sus pesquisas. Lo que se sabe es que de estos recursos, seis millones 756 mil 479 corresponden a recursos de programa 3×1 Migrantes operado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); y tres millones 558 mil 936 pesos al Fondo de Apoyo a Migrantes del gobierno de Michoacán.
Entre las observaciones que podrían implicar un daño al erario se encuentran un pago en exceso por 666 mil 800 pesos por concepto de honorarios en las oficinas centrales de la Sedesol dedicadas a la atención de 3×1 Migrantes y en las delegaciones de Hidalgo y Guanajuato, entre otros aspectos.
Las observaciones de la ASF al Fondo de Apoyo Migrante de Michoacán, se refieren a que el gobierno de Michoacán y sus instituciones responsables de la ejecución de este programa, no vigilaron ni supervisaron el control interno. Lo más grave es que se habrían entregado recursos a personas que presuntamente no cumplían con los requisitos, lo que supondría opacidad, ilegalidad e incluso la posibilidad de corrupción en la asignación de este dinero del pueblo.
Hasta ahora el gobierno de Michoacán y tampoco su Secretaría del Migrante han aclarado esta penosa situación, ni han revelado el resultado de estas observaciones de la ASF, indicó.
Cristina Portillo Ayala también compartió que la Auditoría Superior de la Federación investigó la operación al Programa 3X1 para Migrantes, durante la gestión de Rosario Robles, al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El organismo auditó las acciones institucionales para el uso de 497 millones 924 mil 600 pesos, correspondientes a 94 por ciento de los recursos ejercidos durante 2015 en el Programa 3X1 para Migrantes, que ese año ascendieron a 529 millones 836 mil 800 pesos.
En la Auditoría 284-DS, a la gestión de Rosario Robles, la secretaria del ex presidente Enrique Peña Nieto, las partidas presupuestarias investigadas fueron: Honorarios, Impresión y Elaboración de Material Informativo derivado de la Operación y Administración de las Dependencias y Entidades, Congresos y Convenciones y Subsidios a la Producción, que aparentemente se convirtieron en un verdadero sumidero de recursos de los que se habrían beneficiado algunos funcionarios públicos de la Sedesol.
Toda esta información fue revelada en investigaciones periodísticas de esa época que incluso apenas a principio de este año han salido a la luz pública, aclaró la legisladora.
Frente a estas evidencias de corrupción gubernamental, durante la administración de Enrique Peña Nieto, ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido reorientar los recursos a programas de asistencia social como el de apoyo a adultos mayores, becas a estudiantes y becas para el trabajo de jóvenes desempleados, empleo temporal en el campo y en el programa de reforestación, etc., lo que significa un apoyo directo a los mexicanos.
Cristina Portillo reconoció el esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador quien pondera el fenómeno migratorio como transversal a otros temas importantes. De allí el anuncio de atender de manera integral las causas del fenómeno migratorio, para lo cual se trabajará localmente en acciones de desarrollo económico y social.
El nuevo gobierno, ante los actos de corrupción, decidió evaluar la eficiencia de los diversos programas, iniciativas y acciones gubernamentales en curso para determinar cuáles continúan, se modifican o se eliminan. Por ello se hizo un viraje en los programas asistenciales, para detener el daño al erario público por el desvío que se ha hecho hasta ahora de los recursos en programas asistenciales a migrantes. Hoy, el apoyo será directo a la población en esta circunstancia y a sus familias, dijo la legisladora.
Finalmente Portillo Ayala dijo que el gobierno de AMLO inició una nueva época en la política migratoria, a partir de cinco grandes objetivos, establecidos en su proyecto de nación: a) promover el desarrollo integral de las principales zonas expulsoras de población migrante; b) redirigir las prioridades consulares hacia la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos; c) impulsar una nueva política pública migratoria con estándares altos de integridad, transparencia y eficiencia; d) incorporar a la sociedad civil organizada en la evaluación y desempeño de un nuevo trato hacia los migrantes, y e) reducir sensiblemente la porosidad y vulnerabilidad de la frontera sur.
