Morelia, Michoacán.- La integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán, Teresa Mora Covarrubias, propuso tipificar la usura como un caso más de fraude específico e incluirla en una fracción nueva del artículo 218 del Código Penal para el Estado de Michoacán, con la finalidad de erradicar esta práctica en la entidad.
En la sesión ordinaria de este jueves, la legisladora del PT manifestó que de acuerdo a informes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, se encontró existe un aumento considerable en el número de usureros y por lo tanto un incremento de las actividades que realizan, sin embargo no hay reporte de sentencias condenatorias emitidas por los jueces penales por esta práctica.
“Actualmente tenemos el delito de usura como una figura autónoma, misma que no ha tenido éxito en su propósito que es el de abatir este crimen, ni tampoco ha permitido a los fiscales integrar correctamente las carpetas de investigación y consignarlas a los jueces competentes, quienes tampoco han podido emitir sentencias condenatorias”
puntualizó la legisladora zamorana.
En su exposición de motivos, Mora Covarrubias agregó que generalmente las personas que son víctimas de la usura se encuentran ante una urgencia de efectivo que puede derivarse de alguna enfermedad, un accidente o la quiebra repentina de sus negocios, situaciones que aprovecha el prestamista para hacerse de mucho dinero de manera ilícita.
“Desafortunadamente en la época actual ha proliferado de tal forma la usura que se ha convertido verdaderamente en una plaga social, a tal grado que existen personas físicas, bien conocidas como usureros o prestamistas, que tienen un cuerpo de cobradores profesionales, que materialmente extorsionan a los desvalidos deudores. También hay empresas particulares, casas de empeño y bancos, aparentemente establecidos que realizan préstamos a cambio de intereses altísimos”, aseveró.
La diputada emanada del PT detalló que la ley determina que hay usura cuando el interés que se pacta es mayor al que la ley permite, que en este caso es del 2% mensual, pero que por razones de urgente necesidad o de ignorancia, las víctimas aceptan pagar entre 10 y 50% por concepto de pago de intereses al mes.
