Por Christián Gutiérrez
Hace unas horas asesinaron al alcalde de Nahuatzen, Michoacán, México, David Otlica Avilés.
La causa aún no se sabe, aunque se especula que tendría algo que ver el conflicto que mantenía el alcalde con el Concejo Indígena, el cual, entre otras cosas, desea -desde 2015- mantener control sobre una parte del presupuesto público del Ayuntamiento; recibir dinero público, en palabras simples.
El hecho lamentable ahí está: un asesinato más, pero ahora en contra de una persona que pretendía gobernar su comunidad. Esto debería preocuparnos sobremanera como mexicanos. Estamos abandonados a nuestra suerte por los gobernantes que más poder tienen en México.
Con David Otlica, ya son tres los alcaldes asesinados en el país en los últimos cuatro meses, y el Gobierno Federal aún no se decide a tomar un asiento en la mesa de diálogo con la comunidad de Nahuatzen, Michoacán.
Ahora, ya parece tarde.
¿Por qué la indolencia del Gobierno de la República en este problema comunitario? El Presidente de México se ha manifestado una y otra vez en favor de los pueblos originarios del país, pero los indígenas de Nahuatzen no aparecen en su lista.
Eso, también debería preocuparnos como michoacanos.
¿Por qué la ausencia de apoyo de parte del Gobierno Federal a esta región de Michoacán? El contexto en materia de seguridad pública no es positivo para el Presidente López Obrador. Enero, febrero y marzo de este año 2019, han sido los meses más violentos en los últimos años, por lo menos, desde el año 1997.
De seguir así las cifras, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador habrá incumplido su promesa de eliminar la violencia en México, y con franqueza, con su estilo personal de gobernar dudo que lo logre; ¿por qué? Veamos:
El Presidente de México decidió y declaró que no piensa “reprimir” al pueblo. Eso provocó -de manera indirecta-, más de 130 muertes en Tlahuelilpan, Hidalgo. Fueron personas a quienes les explotaron en la cara miles de litros de gasolina provenientes del huachicoleo (ordeña de tuberías para robar combustible).
¿Qué hubiera pasado si el Presidente de México da la orden al Ejército Mexicano de sofocar y desintegrar la rapiña de gasolina en ese momento? Con seguridad, no hubieran muerto las 135 personas.
Como éste, hay más casos en los que el Presidente de México ha decidido no cumplir con la ley y garantizar el Estado de derecho.
Otro ejemplo: hace unos cuantos días, el Presidente públicamente ordenó que los secretarios de Gobernación, de Educación y de Hacienda y Crédito Público, desobedecieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sistema de educación pública, para garantizar canonjías al sindicato más beligerante del sector educativo de este país: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La respuesta de los especialistas en derecho y de la sociedad civil no se hizo esperar. Se le exigió al Presidente que no violentara la Ley Suprema de todos los mexicanos, ya que la forma pretendida era una violación a la división de poderes y una orden de desacato a la propia Constitución Política.
Un último ejemplo. El Presidente de México ha señalado públicamente que el Gobierno Federal está prácticamente en quiebra financiera, que está lleno de corrupción y que es un fruto podrido, producto de una herencia que le dejaron personajes siniestros de la política. Desde luego, se refiere a políticos de regímenes anteriores a su llegada al poder.
Acusaciones ha hecho muchas, pero no hay ningún detenido; no hay procesos administrativos en contra de presuntos hampones de la política. Esto, lo único que demuestra es que el Presidente no piensa aplicar la ley en contra de grupos de presión o en contra de grupos de poder, que están por encima de las leyes mexicanas.
El alcalde de Nahuatzen ha muerto y el gobernador de Michoacán deberá acelerar los resultados que ha prometido en materia de seguridad.
El Fiscal General de Michoacán deberá realizar una investigación limpia, que lleve a los michoacanos a conocer la verdad y la verdad jurídica del caso.
Y el Presidente de México deberá respetar el juramento que hizo cuando rindió protesta como Presidente de los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador juró “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…”.
Esto significa, garantizar el Estado de derecho al cumplir con la ley.
Cumplir las leyes y garantizar el Estado de derecho salvará muchas vidas. Estoy seguro de ello.
* El autor, es abogado, politólogo, consultor político y capacitador certificado.
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