Morelia, Michoacán.- Desaparecer a los Organismos Públicos Locales en materia electoral, es atentar contra el federalismo y la soberanía de los estados de la República, apuntó el diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez.
El diputado integrante de la Comisión de Gobernación consideró que más allá de las fallas que puedan tener los organismos electorales estatales, plantear su desaparición implica un atentando al federalismo en México, y al camino histórico que los estados de la República han recorrido para crear su andamiaje jurídico, las reglas para organizarse conforme a sus particularidades regionales, culturales, sociales y políticas.
“Pretender convertir al Instituto Nacional Electoral en un Frankenstein todopoderoso en materia electoral, pone en riesgo la lucha que por décadas han dado los mexicanos para contar con organismos electorales fortalecidos, normas que atiendan sus realidades particulares, criterios que generen certeza a la ciudadanía”.
Antonio Soto remarcó que el discurso de que son los gobernadores quienes toman las decisiones de los organismos locales resulta una falacia si se toma en cuenta, que actualmente el organismo rector es el Instituto Nacional Electoral.
“No hay duda que en algunas entidades de la República pueda suceder la injerencia de los Ejecutivos Estatales en los organismos locales, sin embargo el remedio no está en su desaparición sino en blindarlos con mecanismos legales que impidan toda tentación de intervención; de otra manera la lógica sería como amputar un brazo porque en la mano hay una infección, aquí lo correcto sería curar la enfermedad con la medicina adecuada”.
Finalmente Antonio Soto recordó que la sociedad está harta de decisiones centralistas que consideren a las entidades de la República como menores de edad, por lo que la desaparición de los OPLEs no sólo iría contra los esfuerzos que ha conquistado México y sus estados en pro de una mayor participación, sino que implica un retroceso de más de 20 años al camino recorrido para consolidar nuestro sistema electoral.
