Por Christián Gutiérrez.
Hace unas horas, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró a los medios de comunicación que, el Gobierno Federal está “negociando” con grupos de autodefensas, para que dejen las armas de fuego y toda aquella actividad fuera de la ley y del Estado de derecho. El objetivo del Gobierno federal, es que se conviertan en buenas y productivas personas.
Un México más bizarro, no lo puedo imaginar.
- Hoy México está convertido en el país en donde los partidos políticos se reúnen antes de iniciar campañas electorales, para “acordar cumplir con lo que dice la ley”, cuando simplemente, deberían cumplirla.
- Hoy México está convertido -con la reciente reforma al Artículo 19 constitucional-, en un país que enviará a prisión preventiva oficiosa, a quien haga “uso de programas sociales con fines electorales”, pero no a quien tenga un expediente criminal o incluso tenga órdenes de aprehensión, por presuntos homicidios dolosos.
- Hoy México está convertido en un país en donde su Presidente cita a un Notario Público a una de las conferencias mañaneras, y firma ante su presencia y la de los medios de comunicación, un compromiso para cumplir con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. López Obrador firmó no reelegirse, cuando la Carta Magna lo prohíbe expresamente.
- México está convertido en un país en donde el Presidente de la República acepta, expresamente, que la Secretaria de Gobernación, se reúna con grupos de autodefensas para “negociar” el cumplimiento de la ley. En este país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece -en su reciente reforma al Artículo 19-, que está prohibido que un ciudadano común, “porte armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas”. Lo más increíble, es que los grupos de autodefensas se caracterizan por ello, pero el Gobierno Federal viola la reforma constitucional, impulsada por el propio Presidente López Obrador.
En definitiva, a México lo visualizo como a un vochito que va lento y en reversa.
México, en lugar de avanzar en la consolidación de sus instituciones más apremiantes -Estado de Derecho y Cultura de Legalidad-, socava estas instituciones sustituyéndolas por la institucionalización de la ilegalidad y por mensajes de impunidad.
En México, el Presidente de México y la Secretaria de Gobernación, prefieren someter a negociación el Estado de Derecho (aplicación de la ley sin distingo); prefieren violar el principio de legalidad (los gobernantes, no tienen permitido hacer lo que la ley no establece, por ejemplo, negociar la aplicación de la ley); y prefieren confiar en mensajes moralizadores, que en aterrizar el contrato social que debe servir para para que la sociedad viva de manera más armónica.
¿Y qué decir de las recientes declaraciones del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, respecto a que no le parece correcto “andar premiando delincuentes” como a los grupos de autodefensa? Su respuesta, a lo que hace la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, me parece lo más correcto y prudente, por las necesidades que tenemos como país.
Por último, debo decir que hay algo que llama poderosamente mi atención: que poca gente y que varios medios de comunicación, no hablen de lo endeble que se ha vuelto la aplicación de la Constitución y de las leyes en este país; sobre todo, de parte de las autoridades federales, por ser el eslabón más visible.
Rousseau aspiraba -en su contrato social- a un Estado de leyes y normas, y me parece que hoy más que nunca, este contractualista se encuentra muy cerca de los estudiosos de la ciencia política, pero muy alejado de la mente líquida de algunos gobernantes.
Gobernantes que manejan vochitos y van en reversa.
* El autor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Ciencia Política, de maestría en Neuromarketing, así como de licenciatura en Derecho.
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