Morelia, Michoacán 04 de noviembre 2020.- Luego de 33 días de bloqueo a las vías del tren en 6 municipios, el gobernador Silvano Aureoles, urgió a la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador a resolver el problema con estricto apego a derecho: “El bloqueo de las vías del tren es un delito del orden federal. Bloquear una carretera o no dejar circular en cualquier vía de tránsito constituye un delito que daña la economía de todos”, declaró.
Los costos logísticos a tiendas departamentales, de autoservicio y la afectación a diferentes industrias porque no llegan los insumos, suman ya miles de millones de pesos en pérdidas, según han declarado representantes de cámaras y asociaciones empresariales. “Los bloqueos en Maravatío, La Piedad, Morelia, Pátzcuaro, Múgica y en la comunidad Caltzontzin del municipio de Uruapan, representa la suspensión de muchas actividades productivas en todo el país y el sur de los Estados Unidos. En consecuencia, la pérdida de empleos y un daño incalculable a la economía de muchas familias que dependen del tránsito de mercancías que entran y salen del Puerto de Lázaro Cárdenas”, agregó Aureoles.
El ejecutivo michoacano enfatizó que se tienen perfectamente identificados a los grupos que cometen de manera flagrante el delito de bloquear una vía de comunicación federal, “quienes tienen bloqueadas las vías del tren son disidentes de la CNTE, la facción más radical del movimiento, con algunos pseudo líderes aliados”.
“Muchos de los líderes que encabezan las tomas de las vías tienen militancia y activismo partidario. Esa información la tiene muy clara el gobierno central y si se requiere yo la hago pública en cualquier momento… El bloqueo de las vías del tren es un delito del orden federal, por lo tanto, la autoridad que le corresponde no puede ser omisa y debe actuar en consecuencia de acuerdo con la ley. Existen muchas denuncias de parte de los sectores afectados”, agregó.
Sin importar el origen de las demandas de los grupos, el gobernador de Michoacán insistió en el origen ilegal de esta acción, “ninguna demanda o exigencia de alguien puede intentar resolverse cometiendo un delito. Resolver una demanda ya sea individual o de grupo, por muy legítima que esta sea, no debe resolverse cometiendo delitos”.
