Morelia, Michoacán, 04 de marzo 2021.- Cumplir con los cuatro aspectos que constituyen el objeto del proceso penal, como lo es el esclarecimiento del hecho, la protección al inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño a las víctimas, requiere de herramientas especializadas para garantizar a las personas su derecho de acceso a la justicia, y en ese sentido, el Plan de Persecución de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ha fungido como una guía para el desarrollo de la función sustantiva de la institución, expuso su titular, Adrián López Solís.
Lo anterior, al participar en el foro “Encuentro por la Justicia: Rumbo a una Política de Persecución Penal”, organizado por Institución Renace, Instituto Republicano Internacional en México y Red Impulsora de la Reforma Penal, con el objetivo de generar rutas de acción concretas para la formulación de una política de persecución penal en cada entidad federativa, por medio de la identificación de los obstáculos presentes en cada estado.
Al hacer uso de la palabra, el Fiscal General expuso que la tarea de investigación y persecución de los delitos, requiere, además de estrategias y coordinación, conocer el estado en el que se encuentra cada área de la institución, así como el recurso humano, tarea en la que ha sido de gran apoyo el Plan de Persecución de Delitos, al ser un instrumento novedoso de planeación e implementación de política criminal para Michoacán.
Dicho documento, explicó Adrián López Solís, recogió las propuestas y observaciones que otros órganos autónomos y organizaciones ciudadanas han hecho en sus diagnósticos e informes para mejorar la procuración y el sistema de justicia en la entidad y a nivel nacional e incluyó un diagnostico real sobre la situación en materia administrativa, orgánica, de desempeño institucional y en las funciones sustantivas de la Fiscalía General del Estado.
Las acciones implementadas a raíz del cumplimiento de los ochos ejes de acción que conforman este instrumento y sus actuales 41 líneas de acción, dijo, han permitido mejorar los indicadores y obtener resultados significativos que se reflejan en el aumento de carpetas judicializadas, rubro que pasó de 2 mil 744 expedientes en el 2019 a 4 mil 958 en el 2020.
Otro de los aspectos que destacó el funcionario, fue el aumento en el número de acuerdos reparatorios firmados en el 2019 con relación al 2020, pasando de 3 mil 727 a 6 mil 503, respectivamente. Estas actuaciones, explicó, coadyuvaron a mejorar la cifra de carpetas determinadas por Archivo Temporal, la cual disminuyó del 59.2 por ciento obtenido en el 2019 al 34.8 en el 2020.
El Fiscal General resaltó que estas cifras son el resultado de una serie de trabajos multidisciplinarios enfocados a garantizar y privilegiar la función sustantiva de la FGE y por ende los mandatos establecidos, tanto en la Constitución Política como en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en torno al objeto esencial del Sistema de Justicia, y que, de no ser cubiertos no es posible hablar de procuración de Justicia.
