Determinar el dinero que mueve el narcotráfico en México es realmente difícil, pero estudios serios realizados por la UNAM, estiman que en 2018, esta actividad generaba ingresos brutos por 600 mil millones de pesos al año. Más del doble de lo que el presidente López Obrador destina a los programas sociales.
Es dinero sonante y constante que se reparte en las bases sociales del narcotráfico, que se mueve en las narcotienditas o en los cargamentos a Estados Unidos; en la compra de autoridades y policías. Las redes fuertes y profundas, solo visibles a través de los más cruentos y sanguinarios enfrentamientos entre cárteles por el control de las plazas.
El pasado 18 de marzo, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos (US Northcom), el general Glen VanHerck, estimó que los cárteles del crimen organizado transnacional operan en alrededor del 30 al 35 por ciento del territorio mexicano; «en áreas que son con frecuencia ingobernables», causando muchos de los problemas que enfrenta ese país en la frontera con México.
En la víspera de las elecciones, vinieron los principales mandos de la CIA y el 8 de junio, la vicepresidenta Kamala Harris, para tratar los conflictos en la zona: drogas, migración y trata de personas.
El pasado sábado, al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en Ensenada, Baja California, López Obrador dijo que “el país esta en calma, hay gobernabilidad, hay tranquilidad. Las elecciones transcurrieron bien -los delincuentes también se portaron bien-, y “la gente se manifestó libremente, no hay movimientos poselectorales, de protesta”.
El crimen organizado está, se ve, se siente y se levantan los cadáveres -más de 85 mil en tres años-, pero nada pasa en México. Estamos en santa paz.
Hasta que un “loco” gobernador -a riesgo de su propia vida- se planta frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional, para entregar en persona al Presidente, un expediente completo del “trabajito” de grupos armados a favor de un candidato en Michoacán.
El 9 de abril, en la “mañanera”, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, había advertido que el “partido del crimen” amenazaba a candidatas y candidatos para incrementar su influencia política; “hay una campaña de miedo que incluye intimidación, violencia o extorsión, secuestro y lesiones u homicidio”.
Hasta esa fecha, se reportaban 117 personas afectadas desde amenazas hasta agresiones graves, pero que no se permitiría que “el partido del crimen decida”. Pero sí, decidió en varios estados bajo la anuencia del gobierno lopezobradorista. Y es que no es un asunto de persona o preferencia política; es el abordaje a las esferas públicas, sean del PRI, PAN o Morena.
Pero el Presidente no quiere ver el problema. La criminalidad y la violencia en México es el mito genial como el salinismo veía insensiblemente la pobreza. Para López Obrador, los delincuentes no son malos, son pobres; aunque se regodee de los autos, ranchos, joyas y fortunas que arranca a los capos.
Pero “el país está en calma”. Los balaceados y descuartizados, son como los muertos de Covid: cantidades que ya a nadie conduele porque es parte de nuestra normalidad eterna.
Silvano Aureoles nunca solicitó un espacio en la “mañanera” del martes 29 y el Presidente le negó la audiencia privada. Ni siquiera curiosidad, quiso ver esa carpeta con las supuestas pruebas -que pidió se aportaran- de la operación narco a favor de Alfredo Ramírez Bedolla. Habría sido una oportunidad excelente para exhibir el amarillismo y sensacionalismo del gobernador de Michoacán.
“No puedo estar recibiendo a personas, autoridades para atender cuestiones electorales o acusaciones de tinte político, electoral. No me corresponde eso, hay que cuidar la investidura presidencial”. Y lo remitió al INE, el Tribunal Electoral o la FGR…
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De hecho, desde el 21 de junio, la alianza PAN-PRI-PRD presentó la impugnación ante el Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) para solicitar la nulidad de la elección a la gubernatura, por presuntas violaciones a la norma en materia y por primera vez, sobre un delito aun no definido, por no visibilizado jurídicamente.
Todos sabemos de la narcopolítica pero para la ley no existe.
En los últimos 25 años, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha declarado la nulidad de elecciones ordinarias de gobernador en tres momentos.
En el año 2000, revocó la constancia de mayoría que el órgano electoral de Tabasco había concedido al priísta Manuel Andrade Díaz; el PRD impugnó la votación en 682 casillas con el argumento de que en los consejos distritales se abrieron de manera ilegal los paquetes electorales y el PAN en otras 1,397.
Al declarar la nulidad, la Sala Superior definió “la causa de nulidad abstracta”, basada en la definición de determinadas hipótesis que vulneraban en forma determinante los principios y elementos rectores de un proceso electoral.
Los otros dos casos se dieron en Colima, con los priístas Gustavo Alberto Vázquez Montes en 2003, y José Ignacio Peralta Sánchez en 2015. En ambos casos, la principal denuncia de la oposición y que condujo a repetir las votaciones en esa entidad, fue la intervención indebida en los comicios de los entonces gobernadores Fernando Moreno Peña y Mario Anguiano, para favorecer a los candidatos del PRI. Algo así como lo que hizo el presidente López Obrador en los comicios de este junio.
En 2007, una reforma dio por terminada la vigencia del régimen de nulidades que favorecía la existencia de una causal abstracta, al incluirse en el artículo 99 constitucional que el Tribunal Electoral sólo podía declarar la nulidad de una elección por las causales expresamente establecidas en las leyes.
Sin embargo, el supremo órgano colegiado en materia, determinó que el hecho de que el texto prohíba declarar la nulidad de una elección para todo supuesto no previsto expresamente por la ley, no restringe su actividad; porque al tener una jurisdicción constitucional está facultado para analizar si una elección es contraria a las disposiciones constitucionales.
Para 2012, la Sala Superior definió los elementos de la nulidad de la elección por violación de principios constitucionales de la siguiente forma:
- a) Se alegue un hecho que se estime violatorio de un principio o norma constitucional, o parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves).
- b) Tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén plenamente acreditadas, para ello se deben ofrecer y aportar las pruebas pertinentes y necesarios para acreditar el hecho.
- c) Se compruebe el grado de afectación que la violación al principio o norma constitucional o parámetro de derecho internacional aplicable haya producido dentro del proceso electoral.
- d) Las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.
Actualmente la causal de nulidad genérica de elección está contenida en el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que se acredita al existir irregularidades graves, plenamente acreditadas, e irreparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para su resultado. (Fuente: https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/134)
El tema, y es a lo que voy, es que más allá de la memiza por el banco de plástico verde y las opiniones a favor o en contra, sienta un precedente y abre brecha para que de una vez sea abordado, discutido y hasta definido, la injerencia criminal como causal de nulidad de una elección. Michoacán tiene mucho que aportar en este sentido por las experiencias vividas en las últimas dos décadas.
Por lo menos, debe considerarse para que después no nos andemos jalando los pelos.
Y nada más para los que se pitorreaban del banco verde de Silvano: mientras esperaba que lo recibieran en Palacio Nacional, en Penjamillo, el alcalde electo Gilberto Mejía Salgado, fue “levantado” por un grupo armado y hasta el cierre de esta entrega, no aparecía. Dios lo cuide…
