En estos tiempos de estatización y demolición de instituciones autónomas, la escalada de ataques y descalificaciones a nuestra Máxima Casa de Estudios es parte de un siniestro plan muy bien estructurado por el autoritario presidente López Obrador: pauperizar el conocimiento y el pensamiento crítico, y demoler la autonomía más sagrada, la universitaria.
La UNAM no se ha derechizado ni ha perdido su esencia como creadora de conocimiento universal. Que AMLO sufra una preocupante distorsión de la realidad y alzheimer histórico, eso es otra cosa. Lo escribo, porque esta columnista formó parte de esas generaciones instruidas y formadas en las aulas, por los intelectuales chilenos a los México dio asilo y trabajo como académicos tras el golpe militar de 1973.
López Obrador le tiene mucho coraje a la opinión pública informada. El pasado 18 de mayo, lo dejo en claro: los que tienen de licenciatura para arriba (posgrados) apoyan las campañas en su contra. En consecuencia, entre más irreflexión, mejor; “en estados como Sinaloa, Baja California, Oaxaca y Chiapas -dijo- la percepción de los ciudadanos es todo lo contrario, nos favorece”.
El caso que la embestida en contra de la autonomía universitaria no es nueva. De hecho, inició con la contra reforma educativa y su pretensión de modificar la fracción VII del artículo Tercero Constitucional para eliminar los autogobiernos de las universidades públicas en México. No pasó en la iniciativa que presentó en diciembre de 2018; no es casual que insista tres años después.
Realmente ha de haber sido muy caótico el paso de López Obrador por la UNAM. Si fue un alumno de bajo promedio y tardó 14 años en titularse, fue problema de él y no de la institución, que aun así aceptaba la reinscripción del fósil cada ciclo escolar. Y que ni se compare con Benito Juárez, que sí fue un alumno destacado y sobresaliente que tuvo que lidiar en el seminario con la educación clerical e imponerse en el pensamiento liberal.
Entonces, el problema de López Obrador con la autonomía universitaria, puede estar en su carácter de autogobierno y el control de la matrícula para brindar calidad educativa. En otras palabras, tiene la idea de la universidad pública como universidad de masas. ¿Es lo mismo? No.
Con la excepción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y la Universidad “Benito Juárez” -se supone que hay 140 planteles en todo el país-, creaciones de López Obrador, todas las universidades públicas del país requieren examen de admisión, privilegiando los mejores promedios.
Y eso es precisamente lo que quiere romper, la diferencia entre los que son estudiantes dedicados y los burros empedernidos que tardan 14 años en titularse. Pero otra vez, no es problema de las universidades, sino de planes de vida personales. ¿Qué cuenta? La excelencia en la formación profesional como sucede tanto en sistemas democráticos y totalitarios. Unos datos duros para mayor argumentación.
Cada año, la UNAM recibe en promedio 250 mil solicitudes de ingreso y solo 10 por ciento logran la admisión por mejor promedio. En contraste, la UACM reportó en 2020 una matrícula de 18,173 alumnos y alumnas. Ese mismo año solo se graduaron 17. Chistosa su modalidad de admisión: por tómbola. (Fuente: https://datamexico.org/es/profile/institution/universidad-autonoma-de-la-ciudad-de-mexico#:~:text=17%20Total%20estudiantes-,En%202020%2C%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20De%20La%20Ciudad%20De%20M%C3%A9xico%20tuvo,%25%20fueron%20mujeres%20(9).)
La matrícula de las universidades para el Bienestar con capacidad para recibir 80,000 alumnos, anda en las mismas: de 39,170 estudiantes registrados en 2019, en la conclusión del primer ciclo escolar, la matrícula había descendido a 28,087, es decir, hubo una deserción de más de 11 mil alumnos; en 2020 el ingreso fue de 15,002.
Los planteles del Bienestar con mayor matrícula son “Juan R. Escudero”, en Guerrero, con 1,000 estudiantes; Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, con 900, y la de Tacámbaro, Michoacán, con 837; entre los que no superan los 50 alumnos, está Playa Vicente, en Veracruz, con 41; Tinúm, Pisté, en Yucatán, con 27, y Yahualica, Mecatlán, en Hidalgo, 13.
La inversión en las universidades de AMLO también es pobre y mediocre como su idea de “masificar” a fuerzas la educación pública de calidad. En 2020, les destinó un presupuesto de mil millones de pesos; en 2021, se redujo a 987.4 mdp y hay que esperar el gasto programado para el próximo año.
Lo que ya está a la vista, es su salvaje intención de tomar por asalto la UNAM, en tanto a las universidades autónomas estatales las tiene agarradas con sus eternos déficits presupuestarios. Como sucede con la Nicolaita de Michoacán, a la que le aportarán para cerrar el año, 380 mdp de recurso federal y otro tanto el gobierno del estado. El problema que requiere arriba de los mil 100 mdp para saldar todos sus compromisos.
En lo personal, esta columnista se suma a la protesta Puma, no para pedir una disculpa por parte del Presidente, sino exigir respeto a nuestra Alma Mater…
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Con una pizca de recursos extraordinarios, adelanto de participaciones, incentivos de recaudación fresca y el crédito emergente por 1,568 millones de pesos, Alfredo Ramírez trata de sortear los compromisos financieros del gobierno del estado.
El magisterio estatal ha recibido, efectivamente, las quincenas atrasadas, pero no todo queda saldado, pues siguen pendientes como el pago de bonos, como los correspondientes a inicio de ciclo escolar y la compensación nacional única, entre otros. Para los normalistas hay plazas, pero a concursar.
En teoría, ya no hay pretexto para bloqueos y marchas, y a regresar a las aulas.
Pero dos asuntos siguen sin aclararse: el refuerzo de la vacuna y la modalidad de pago a partir del 2022.
Habrán tenido que convencer al Presidente, que lo que decreta, no se concreta en el momento. La CNTE esta dividida y si bien, Gamaliel Guzmán ya aceptó la incorporación de su corriente a la tarjeta del Bienestar, Poder de Base, de Benjamín Hernández, tiene sus dudas. Y con sobrada razón.
En la antepasada entrega me referí a esa nueva faceta del Presidente de convertirse en banquero y de controlar toda la lana del país desde su propio banco del Bienestar: las billonarias cuentas de nómina de todos los servidores públicos sean federales, estatales y hasta municipales. Dice que no quiere intermediarios, o sea, ni a las propias autoridades de las entidades donde gobierna Morena.
Benjamín tiene razón en desconfiar de un banco de reciente creación, sin sucursales, que solo ha reportado pérdidas a pesar de fondearse con recursos públicos, y cuya única misión es monetizar los apoyos sociales.
La nómina magisterial de Michoacán es el experimento piloto del traslado del capítulo 1000 a ese banco. Hablamos en este caso, de 28 mil empleados estatales que hasta este año cobran sus salarios y bonos a través de tarjeta o cheque Bancomer; una buena parte de estos, se distribuyen con los conocidos “pagadores acreditados”, que no son otra cosa que comisionados sindicales que cargan con las talegas de pagarés para entregarlos en los centros de trabajo donde no hay una sucursal cerca.
Entonces, el primer problema del pago con tarjeta del Bienestar al magisterio, será el trámite del propio plástico, pues debe realizarse de manera individual para cumplir los requisitos. Y no hay muchas sucursales. Son en total, 32 en cabeceras del estado:
Álvaro Obregón, Angangueo, Apatzingán, Buenavista, Cherán, Coeneo, Cojumatlán, Erongarícuaro, Hidalgo, La Huacana, Huetamo, Indaparapeo, Jiquilpan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Morelia, Paragaricutiro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, Puruándiro, Santa Ana Maya, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tzintzuntzan, en Uruapan 2, Zacapu, Zamora y Zitácuaro.
Otro problema. A diferencia de la tarjeta Bancomer donde los retiros en efectivo se pueden realizar hasta por ocho mil pesos, la del Bienestar está limitada a cuatro mil pesos, pero se puede usar también en cajeros Banorte y Azteca sin cargo de comisión. Y otra, no en todos establecimientos comerciales, sea grande o chiquito, es aceptada. Dónde sí: en Walmart, Aurrerá, Soriana, Chedraui y Suburbia, además de algunas zapaterías y farmacias como San Pablo y del Ahorro.
Hay un dato interesante sobre el uso de la tarjeta Bienestar, pero en beneficiarios de la pensión del adulto mayor y Mi Beca, y es la bonificación en monedero electrónico del 10 por ciento de la compra; debería aplicar también para cualquier cuentahabiente como serían las y los maestros ¿no?
Entonces, son realistas las dudas y desconfianza del magisterio estatal sobre el pago de su salario y prestaciones a través de la tarjeta “Bienestar”. Pero tendrán las autoridades federales y estatales, junto con los sindicatos, que encontrar la mejor ruta de escape para satisfacer el capricho banquero presidencial…
