Por Sergio Torres Delgado
En su conferencia mañanera del 24 de noviembre, acompañado del secretario de Gobierno Carlos Torres Piña y el secretario de Seguridad Pública (SSP) José Alfredo Ortega Reyes, el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla destapó un nuevo escándalo que se suma a los rastros de corrupción dejados por la administración estatal del perredista Silvano Aureoles Conejo.
Se trata de un esquema de corrupción por 5 mil 185 millones de pesos que se operó desde la SSP, a través de la misma empresa contratada -por 610 millones de pesos- para la remodelación del Centro de Convenciones de Morelia, según la licitación pública SCOP/DOP/LP/041/2019: Inmobiliaria DYF S.A. de C.V.
A decir de Ramírez Bedolla, el gobierno silvanista pagó en arrendamiento a dicha empresa 3 mil 425 millones de pesos por terrenos que le habían sido donados por ayuntamientos -y que luego al parecer vendió a Inmobiliaria DYF S.A. de C.V.-, así como por los proyectos, construcción y mantenimiento de los cuarteles de la Policía Michoacán en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo -con bunkers incluidos- en esos predios.
Arrendamientos que pagó hasta tres años antes de que la empresa tuviera la supuesta propiedad de los predios. Finalmente, el gobierno silvanista terminó por comprar esas mismas construcciones, por 1 mil 760 millones de pesos.
La Inmobiliaria DYF S.A. de C.V.
Si uno busca en internet, se encuentra con un sitio web con el nombre de dicha empresa (https://inmobiliariadyf.com), donde se presenta “marcada por la honestidad y el compromiso” y refiere que se constituyó en 2006 como Constructora De la Cruz & Feliz, SRL bajo el RNC 130-708-835, con sede en Santo Domingo, República Dominicana. En otra página (https://lei.report/LEI/4469000001BSKML9G146), aparece con domicilio legal en México: Bosques de Radiatas 32 PB 4, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa.
Asimismo, en el Dictamen de la Cuenta Pública de 2018 elaborado por la LXXIV Legislatura, en el apartado del “Informe de Presuntas Irregularidades”, hay varias menciones sobre la Inmobiliaria DYF, que tienen que ver con los expedientes CP2018/ASM-E-016/UPP-16/AF/IPI, terminaciones -03 y -04.
En el Informe General de la Fiscalización a las Cuentas Públicas de las Haciendas Estatal y Municipales de enero de 2020, elaborado por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), se pueden localizar otras menciones, como la señalada en la Observación Preliminar 04: Secretaría de Seguridad Pública, página 167.
Ahí se indica que “De la revisión a la partida presupuestal 32201 “Arrendamiento de Edificios y Locales” y en particular del Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago: 160000002059, de fecha 31 de diciembre de 2018, por el monto de 37 millones 230 mil 828 pesos, se conoció de la celebración de 5 contratos de arrendamiento con el proveedor Inmobiliaria DYF, S.A. de C.V., de los cuales, se identificaron diferencias en los montos calculados para pago correspondientes al mes de septiembre de 2018, por la cantidad de 3 millones 400 mil 064 pesos, en relación con lo facturado y lo acordado en los contratos, por lo que es necesario aclarar la razón de esos montos (…)”.
Exsecretarios de Seguridad Pública de Michoacán
Toda vez que el actual gobernador señaló que los principales hallazgos de irregularidades presupuestarias han sido en la SSP, incluida la renta de helicópteros (1.2 mmdp), el C5i (5.6 mmdp) -y tal vez el sistema de espionaje (2.6 mmdp)-, hay que recordar quiénes fueron los titulares con Aureoles Conejo.
El primero fue Antonio Bernal Bustamante, 2015-2016; le siguió Juan Bernardo Corona Martínez 2016-2019; Martín Godoy Castro 2019 (falleció ese mismo año); e, Israel Patrón, 2019-2021. Este último, junto con Godoy Castro, fueron subordinados del ex comisionado Alfredo Castillo. Licenciado en Informática, Patrón Reyes fue Director de la Unidad de Servicios de Inteligencia de la Fiscalía General de Michoacán (FGE).
Mientras, ¿qué sucede con el reemplacamiento?
Antes que nada, debo precisar y aclarar que en la anterior columna mencioné que la recaudación por el nuevo canje de placas en la entidad representaría prácticamente 3 mmdp para el gobierno bedollista, pero ello sería considerando todo tipo de trámites vehiculares tanto para el transporte particular como para el público, en tanto que por el reemplacamiento como tal serían 1.4 mmdp.
Esta es una coyuntura para que los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), demuestren si están del lado de la gente o se alinean para ganar con la repartición de las tajadas del pastel presupuestario. Los números para votar en contra los tienen si cuentan con el apoyo del Verde Ecologista, de Ernesto Núñez, esperando lo que suceda con Encuentro Solidario.
El PAN está liderado por Óscar Escobar Ledesma, además coordinador de su bancada local, mientras que el PRI está encabezado por Eligio Cuitláhuac González. Por su parte, Víctor Manríquez González dejó la dirigencia estatal perredista para asumir la diputación local y la coordinación de su fracción en el Congreso del Estado.
Por lo pronto, ya Jesús Hernández Peña, coordinador del grupo parlamentario priísta en el Congreso del Estado, desmintió que los legisladores hayan sugerido el reemplacamiento, tal como lo asegurara Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración. ¿Está mintiendo el funcionario bedollista? ¿Habrá algún morenista que esté en contra del reemplacamiento?
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