El domingo 21 de noviembre hubo elecciones en Venezuela. De 23 gubernaturas en juego, la dictadura chavista ganó 20. La participación electoral: 41 por ciento.
¿En qué todavía no nos parecemos a Venezuela pero hacia allá vamos?
En nuestro país, el hambre no ha orillado a la gente a irrumpir a los ranchos, matar a pedradas a vacas ajenas y destazarlas para llevarse la carne; bonos, bolsas de alimentos y programas sociales no alcanzan para sobrevivir. El 25 por ciento de los hogares mexicanos reciben alguna ayuda.
Las remesas de los venezolanos en el exterior ascienden a 4 mil millones de dólares; el 40 por ciento de la población total de ese país vive de esos dólares que merman en el control de cambio gubernamental y el mercado negro.
A pesar de los aumentos salariales, nunca alcanza por la hiperinflación que a octubre de 2021, fue de 574.4 por ciento. En México, 7 por ciento la inflación y gritamos; la real microeconómica, 18 por ciento.
Los niveles de nutrición de los niños menores de cinco años venezolanos ya son comparables con los de los países más pobres del planeta. El consumo de proteínas per cápita cayó 60% desde 2013; casi no se come poco pollo y huevo.
Hasta el siglo pasado, Venezuela fue una de las principales potencias petroleras; hoy la gasolina y el diesel se compra a precios exorbitantes porque las refinerías no producen.
La dictadura no solo mató la democracia, sino literal, mata al pueblo de hambre…
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La actuación del populista López Obrador en Washington la semana pasada, no niego que me llevó a pensar que su roce con los líderes Joe Biden y Justin Trudeau, lo habría hecho recapacitar respecto hacia dónde quiere conducir a México: hacia arriba o hacia abajo.
El Norte o Sur, esa división que el estudio de las relaciones internacionales estableció en el siglo pasado para distinguir, no geográficamente, sino en términos de poder y percepción de pertenencia, a Estados nación, ricos y pobres, desarrollados y subdesarrollados, industrializados y menos industrializados o no industrializados.
Con José López Portillo -me acuerdo- el México “en vías de desarrollo”; con Peña Nieto ya era tutearse con las potencias mundiales.
La propaganda cuatrotera a sembrado muy bien la idea de que el neoliberalismo fue el perro del mal para México. No se pueden negar las distorsiones “a la mexicana” de un modelo económico que ha sido funcional en un montón de países. Pero tampoco, por muy de pensamiento único -adoctrinamiento- o razonamiento crítico que seamos, podemos negar que estábamos mejor antes de la “cuarta transformación”: no finjan, ni se abate pobreza y menos la corrupción.
Pero acepto -nuevamente-, me equivoqué. AMLO sigue en la idea de ser el rey tuerto en el reino de los ciegos.
Tan evidente, como su postura tan intimidada frente a Biden y Trudeau, y tan envalentonada ante el salvadoreño Nayib Kukele, el guatemalteco Alejandro Giammattei; el cubano Miguel Díaz-Canel; el argentino Alberto Fernández; el venezolano Nicolás Maduro, y el supercuate Evo Morales.
El perfil de estos mandatarios es claramente coincidente con el mexicano: extremadamente conservador y disfrazado de “socialista”. Otra: el Ejército de su lado.
El discurso del general Luis Crecencio Sandoval en las celebraciones del 20 de noviembre, tampoco puede ser más evidente: los militares declaran su militancia en la 4T y llaman a los civiles a unirse a esa causa destructiva.
Quién sabe con qué negras intenciones, López Obrador esta cediendo tanto poder a los militares. El decretazo de esta semana, no deja lugar a dudas: son de interés público y seguridad nacional, todos los proyectos y obras relativas a infraestructura de todo tipo que “por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Y en todos los sectores, las narices de la milicia: comunicaciones, telecomunicaciones, fronteras; en el hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles –en todas sus modalidades– energético, puertos, aeropuertos que están en curso; las mega obras impulsadas por este gobierno: el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas o el Corredor Transístmico, entre otras.
Militares ya están tomando el control de las secretarías de Seguridad Pública en los estados y están por asumir las tareas de las policías civiles en las calles; se encargará de la distribución de medicamentos y hasta quedarán bajo su escrutinio, los perfiles de las y los candidatos -de Morena, aliados y oposición- en las elecciones del próximo año.
Esta metaconstitucionalidad perniciosa a favor de la milicia y en contra de la institucionalidad democrática, resulta altamente peligrosa hasta para el propio jefe de Estado: de la dictadura civil a la dictadura militar, apenas un golpecito.
O la otra: qué tal que se le eche la gallina para el 24 y el “tapado” resulte un militar. De acuerdo a la fracción V del artículo 82 de la Constitución, no esta impedido para ser Presidente siempre y cuando no se encuentre activo en el Ejército, seis meses antes del día de la elección.
Así las cosas, la “cuarta transformación” puede resultar en el retorno de los militares al poder…
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Se entiende el porqué se guardó con tanto recelo la “Iniciativa con proyecto de Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2022”, que el Ejecutivo entregó el domingo 21 por la noche a la mesa directiva del Congreso local. El documento llegó a pocos medios y el resto se fue con el boletín de prensa.
“Es un presupuesto participativo, municipalista, sin deuda y encaminado a la justicia social, que pretende ordenar las finanzas de Michoacán en beneficio de los sectores más vulnerables, puesto que la administración pasada adquirió deudas millonarias que no se vieron reflejadas bajo ningún rubro”, dijo la dirigente estatal morenista Giulianna Bugarini. Sí, la misma que no hace mucho, adoraba a Silvano Aureoles porque le dio chamba en su gobierno.
Pues algunas de las linduras de la iniciativa, que solo la valiente diputada Julieta Gallardo, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se ha atrevido a develar: efectivamente, desaparece la Unidad Programática Presupuestal (UPP) A01 correspondiente a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) que en 2021 ejerció 162 millones 585 mil 432 pesos; en 2022, cero pesos.
O sea, ¿quién va a fiscalizar, verificar la ejecución del gasto público estatal y de los municipios? ¿la contralora Azucena Marín Correa que solo ha sido jefa de departamento en Ventanilla de Acceso a la Información Pública, asesora jurídica del INAH en Chichén Itzá, y coordinadora de programas de Compesca? ¿las y los diputados realizarán las cientos de auditorias en campo?
Amlito Ramírez Bedolla ha de decir que no necesita que lo fiscalicen porque es bien honrado y cumplidor.
Y si que va a tener desde su despacho, para dar y regalar: se incrementa 239.59 por ciento su presupuesto, al pasar de 87.4 millones de pesos que se ejerció en 2021 a 297.061 mdp para 2022 y manejará discrecionalmente la publicidad al desaparecer la Coordinación General de Comunicación Social.
Para que el Congreso le apruebe el reemplacamento, que con refrendo, cada poseedor de un automotor tendrá que desembolsar cerca de 3 mil pesos, lo “maició” con 202.5 mdp; las bancadas se habían presupuestado 899.9 mdp, pero les asigna un mil 102.5 mdp.
Un dato interesante, es que de los mil 444 mdp que pretende recaudar de los dueños de vehículos, quiere enfrentar “los adeudos, compromisos y obligaciones financieras con el ISSSTE, IMSS, Pensiones Civiles, laudos y proveedores privados”.
Y para que vea la Bugarini que Amlito Ramírez si esta con los más vulnerables, desaparece los programas Palabra de Mujer y las Estancias Infantiles y asigna a la Secretaría del Bienestar que ejercerá 330.3 mdp, para operar la pensión por discapacidad -duplica el programa federal- y crea la pensión para niños con cáncer, pero tiene truco, pues el beneficio será de carácter temporal.
Con el género, tampoco esta: no hay una agenda clara y concreta para las mujeres víctimas de violencia institucional, sexual y feminicida. La Secretaría del ramo -Seimujer- tendrá apenas para nómina con los mismos 64.5 mdp, en tanto al Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia le baja el presupuesto de 9 millones 711 mil pesos a 8 millones 767 mil y al Sistema Estatal de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, de 7 millones 654 mil pesos a 7 millones 95 mil pesos.
Pero al Capítulo 1000 de Servicios Personales no lo toca la “austeridad” de la 4T, que pasa de 12 mil 327. 8 mdp a 12 mil 763.7 mdp, es decir, 435.8 mdp más para pagar compromisos chamberos de campaña.
En la siguiente entrega trataremos de entender de dónde diablos sacará Ramírez Bedolla un presupuesto de 81 mil 546 millones de pesos…