Si el que propone (el Ejecutivo estatal) y el que dispone (la 75 Legislatura local) no ajustan a la realidad económica -no discursiva de la 4T- el proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos para el 2022, Michoacán seguirá colapsado financieramente.
El mismo 1 de diciembre que el presidente López Obrador se ufanó de que “más allá de lo material” su logro en tres años es “revolucionar la conciencia”, el Banco de México bajó el pronóstico de crecimiento del PIB, de 6.3 a 5.4 por ciento; la expectativa para el próximo año es 4.1 por ciento, pero no hay que olvidar que en 2020, la economía decreció a -8.5 por ciento por el confinamiento pandémico. En otras palabras, seguiremos por debajo de cero crecimiento.
La encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado realizada por Banxico para noviembre, arrojó 7.20 por ciento de inflación para 2021 cuando la estimación era de 5.7 por ciento; para el 2022 la elevaron a 4.12 cuando la proyectada por Hacienda es de 3.4 por ciento. El dólar se cotiza arriba de 21.50 pesos cuando se prevía para este año, 20.10 pesos y 20.30 promedio para el año que entra. Estamos de la patada.
En este entorno macroeconómico que ha rebasado los propios criterios económicos en los que se fijó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, los “Riesgos Relevantes para las Finanzas Públicas” que consideró el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, ya impactó su proyecto económico, por lo que aprobarlo “sin cambiarle una coma” como pretende, obligará a ajustes drásticos en el ejercicio.
Recortes a las participaciones y aportaciones federales establecidas para Michoacán en el PEF 2022 (75,381 mdp) por caídas en la recaudación federal participable, que prácticamente ya esta cantada.
En este escenario, el propio gobierno de Bedolla duda que se pueda cumplir con el Convenio U080 para el pago de la nómina magisterial estatal, por tanto, a sacar nuevamente la licuadora; el monto de reservas del Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas (FEIEF) puede que no sea suficiente para compensar el faltante de las participaciones que se estima reciba el estado.
En cuanto a ingresos propios y de libre asignación (5,695 mdp) será todo un desmadre.
Hay un rotundo rechazo al reemplacado (1,444 mdp). Las bancadas locales del PRI y PRD ya dijeron que ni mais, pero para Ripley: los azules están bajo un árbol, en profunda meditación, para decidir si se suman a la 4T y dejarla caer con el absurdo cambio de placas.
Bueno, todos los senadores michoacanos, Antonio García (PRD), Germán Martínez (Grupo Plural), e incluso los morenistas Blanca Piña, Casimiro Méndez y Cristóbal Arias, adelantaron que promoverán un juicio de garantías para proteger a los ciudadanos de aprobar el Congreso esta carga impositiva.
Es que tan malhecho de origen el proyecto de Ingresos y Egresos del gobierno morenista, que los incrementos a pago de derechos y productos se estimaron de acuerdo al 3.4 por ciento de inflación, cuando el índice desde noviembre de este año ya se encuentra en más del doble. En otras palabras, a partir de enero de 2022, el aumento a los impuestos será del 7 por ciento.
Frente a estos escenarios, ¿todavía cree Bedolla que podrá ejercer 81 mil 546 mdp el próximo año y que no tiene de dónde sacar? Realismo y mesura, al margen de la trillada y ofensiva cantaleta de la “cuarta transformación”.
Pero lo que son las cosas. Frente al desastre financiero que provocó la pandemia en 2020 y 2021, viene a ser Silvano Aureoles quien le dejó una tablita de salvación: de una deuda de 33 mil mdp que recibió en 2015, con todo y sus frivolidades y hasta excesos, logró reducirla a 20 mil 037 mdp, “distribuidos -dice el proyecto económico- en 15 créditos de largo plazo de los cuales la mayoría son susceptibles de ser refinanciados para obtener mejores condiciones financieras. La calificación de largo plazo se mantiene en BBB+ con perspectiva estable de acuerdo con la calificación otorgada por la calificadora Fitch Ratings.
“Otro de los indicadores relevantes a tener en cuenta es el Sistema de Alertas a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual se instauró a partir de la expedición de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios” y Michoacán se encuentra en “Verde” con riesgo bajo en “deuda publica y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, servicio de la deuda y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, y obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales”.
Entonces, ¿qué tanto bociferaba Alfredo Ramírez como diputado local y candidato, sobre el refinanciamiento por 4 mil 090 mdp para infraestructura autorizado en diciembre de 2019 al entonces gobernador Aureoles? ¿no tuvo que pedir un préstamo a Banorte pagadero en 2022 por 2 mil mdp para los salarios del magisterio?
Más pronto cae un hablador que un cojo, y ahora como gobernador el “Amlito” michoacano ya considera contratar deuda en su año de arranque. Porque de entrada, cargará con el déficit presupuestal de casi 7 mil mdp, generado desde los gobiernos de sus cuates Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, la mentada federalización fue atole intragable y de los recortes federales no se va a salvar por muy “fundador” que sea de Morena…
***
Y vaya maromas las de la secretaria del Bienestar, Carolina Rangel Gracida, en la conferencia de prensa de anteayer, en Casa Michoacán.
Habló de dos nuevos programas sociales estatales: pensión temporal para las familias con niñas y niños con cáncer y la pensión para personas con discapacidad mayores de 30 años. Lo que no dijo, fue que le dieron en la madre a dos muy buenos programas: Palabra de Mujer, creación de la propia Fabiola Alanís, y Estancias Infantiles que tanto bien hace a las y los pequeñitos y a sus propias madres y padres.
Pues para que estos programas estatales del “Bienestar” puedan ser implementados “es fundamental que el Congreso del estado apruebe el paquete económico 2022, respetando las fuentes de ingreso propuestas por el Ejecutivo”, según el despacho de prensa.
El programa para las y los pequeños con cáncer contempla una inversión de 36 mdp, en tanto que la pensión para personas con discapacidad mayores de 30 años, 127 millones 148 mil pesos; 50 por ciento aportación del estado y 50 por ciento la Federación.
El tema, es ¿por qué la Secretaría del Bienestar estatal quiere 63.5 mdp para pensiones para discapacitados mayores de 30 y hasta 64 años, si ya están considerados en recursos federales, con las modificaciones realizadas en las reglas de operación del Gobierno Central?
Esas son las pequeñas cosas que se deben cuidar en el análisis y discusión del proyecto económico de Alfredo Ramírez porque hay varios chanchullos encubiertos…
***
Más con pena que con gloria, el mitin campañero de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino. Más de lo mismo: que le endulcen el oído las loas de la chairiza. Las encuestas, nada raro, lo mantienen en el top de la popularidad. Pero cuando de consultas se trata, lo dejan en ridículo.
Así sucedió con la consulta para enjuiciar a los ex presidentes neoliberales y anteayer, tuvo que llamar nuevamente a la recolección de firmas para la correspondiente a la revocación de mandato. Y es que hasta noviembre, apenas 541 mil 648 firmas de las 2 millones 758 mil 227 requeridas para que sea emitida la convocatoria.
El avance es lento y la fecha límite es el 25 de diciembre. A ver a quién se le antoja, bien crudite…
