Por Sergio Torres Delgado
La insensibilidad nos ha alcanzado, pero lo más grave es que parece haber alcanzado a quienes gobiernan. El fenómeno de la violencia ha adquirido desde hace tiempo estatus de normalidad.
Ya las disputas entre los grupos criminales por hacerse del control de territorios y poblaciones enteras (plazas), nos parecen tan cotidianas y a la vez tan lejanas, siempre y cuando no vivamos en esas zonas de Tierra Caliente o la Sierra Costa del estado o algún otro sitio asolado por la presencia de la delincuencia organizada.
La secretaria de Educación en el Estado (SEE), Yarabí Ávila González, acaba de dar a conocer que debido a la narcoviolencia hay escuelas de nivel básico que han empezado a cerrar (Cuarto Poder 14/12/21). Pero esa es apenas una cara de la moneda para algunos de sus habitantes. Para otros, no quedó otra más que dejar sus casas y convertirse en desplazados, ante lo cual el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoce la situación, sin embargo, para los afectados dicha postura nada cambia. Es difícil imaginar el drama que viven a diario familias enteras, la juventud y la niñez en esos lugares.
¿Quién ve por ellos?, ¿dónde está el Estado mexicano para protegerlos? Y cuando hablamos del Estado nos referimos a las fuerzas federales, pero también a las estatales y municipales, obligadas constitucionalmente a la coordinación para hacer frente a esas amenazas, al menos en el papel.
Cierto es que el cambio debe ser desde la raíz, transformando las condiciones socioeconómicas de la población, pero, hay que ser honestos, ello va a llevar mucho tiempo y, por otro lado, tampoco significa que el Estado deba renunciar a su obligación de proteger a sus gobernados frente a esos peligros.
Maniobras sospechosas del secretario de Finanzas en el Congreso Local
Baltazar Gaona García, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, pidió la destitución del secretario de Finanzas de dicho órgano, Mario Alberto Villegas Alfaro, quien a decir del legislador lo quiso sorprender al solicitarle la firma de diversa documentación (Contramuro 15/12/21).
Resulta que entre los archivos se encontraban “diversos comprobantes de nóminas de presuntos trabajadores” de por lo menos dos legislaturas anteriores, cuya “certificación” era requerida por el titular de Finanzas del Congreso, so pretexto de que se necesitaban de manera urgente para sustanciar un requerimiento de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
De acuerdo con la versión de Baltazar Gaona, parece haber “gato encerrado”, por lo que el episodio bien amerita una investigación a fondo, revisar si la misma petición fue hecha por Villegas Alfaro a más legisladores y que dicho funcionario también dé una explicación de los hechos, ya que tal como lo indicó el representante petista se presume que la intención aparente era proteger a alguien más.
¿Amago de diputación morenista a Alfonso Martínez será real?
Tajante, se mostró la diputada morenista Seyra Anahí Alemán Sierra, presidenta de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, al sentenciar que ella no aprobará ni el endeudamiento de 700 millones de pesos ni el aumento del 10 por ciento al servicio de agua potable que pretende el presidente municipal de Morelia, el panista-perredista Alfonso Martínez Alcázar (PCM Noticias 15/12/21).
La legisladora justificó su negativa toda vez que la deuda por 700 millones sería cubierta en un plazo de 15 años, es decir, él la aprovecha y la pagarán otros, como ha sucedido a nivel estatal con los gobiernos perredistas de Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel y Silvano Aureoles Conejo, aunque los dos primeros brincaron a Morena.
Esperemos que la diputada mantenga su congruencia y adopte la misma postura frente al endeudamiento por 1 mil 400 mdp contratado por el gobierno morenista del estado y por el reemplacamiento vehicular con el cual se pretende arremeter contra los bolsillos de la gente.
Habrá que ver igualmente que todo esto no termine en un cambio de favores entre morenistas y prianistas-perredistas, para concluir aprobando reemplacamiento vehicular, futuros endeudamientos estatales, aumento al agua potable y crédito por 700 millones para la capital michoacana. ¿Y la población?, bien, gracias. Total, la clase gobernante vive como el chico de la burbuja, en su mundo de privilegios, mientras el común de la gente enfrenta carencias, desempleo, inflación y viendo cómo entre reemplacamiento e incremento al agua harán más tortuosa la cuesta que viene, que ya no será exclusivamente de enero, será la cuesta anual 2022.
Que los senadores morenistas sostengan su palabra
Todo indica que el gobierno morenista de la entidad no va a corregir y aplicará a como dé lugar el reemplacamiento vehicular, aunque su discurso, su narrativa, no encajen en el sentido común.
La dirigente estatal morenista, Giulianna Bugarini, solo atina a decir que si los senadores morenistas se oponen, que donen su sueldo. Carolina Rangel, secretaria del Bienestar, justifica que la recaudación “tendrá una causa social” (7 AM Noticias 14/12/219). La misma causa social la esgrimieron Carlos Salinas de Gortari, el Revolucionario Institucional y Acción Nacional cuando impusieron el FOBAPROA, mediante el cual se rescató al sistema bancario nacional con dinero público, dejando la deuda a varias generaciones. Y otro rescate financiero hipotecario instrumentó el panista Felipe Calderón durante su sexenio, con la misma línea argumentativa.
No estaría mal que Morena y los partidos políticos que apoyen el reemplacamiento cedan sus prerrogativas económicas a los programas con “causa social”. Ya a nivel federal Morena devolvió 50 mdp al Instituto Nacional Electoral (INE) para vacunas contra el Covid (La Jornada 31/03/21), aunque había ofrecido 800.
Al parecer, lo único que queda -si los diputados locales opositores no hacen mayoría- es que los senadores Blanca Piña Gudiño, Cristóbal Arias Solís, Casimiro Méndez Ortiz y Germán Martínez cumplan su palabra de presentar un juicio de amparo contra el reemplacamiento y no cedan a cambio de prebendas.
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