Por Sergio Torres Delgado
En estos días, varios medios dieron cuenta del Acuerdo emitido por el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla y publicado el 04 de enero del año en curso en el Periódico Oficial del Estado, mediante el cual establece el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Michoacán para este 2022.
En su artículo sexto, dispone que esta “es obligatoria para los vehículos automotores en circulación en el Estado conforme a la previsto en el artículo 56 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán (…)”, solamente con algunas salvedades.
Lo anterior, so pena de hacerse acreedor a las multas correspondientes. De acuerdo con la información brindada por los medios de comunicación, el pago será de 288 pesos por el holograma para circular en la entidad, conforme al artículo 30 del Acuerdo, y de 962 pesos para poder transitar en Ciudad de México y Estado de México.
La verificación vehicular con holograma local será anual y se realizará conforme al calendario incluido en el citado documento, tomando en cuenta el último dígito de la placa. Así los dígitos 5 y 6 deberán verificarse de enero a abril; 7 y 8, de marzo a junio; 3 y 4, de mayo a agosto; 1 y 2, de julio a octubre; y, 9 y 0, de septiembre a diciembre, con descuentos del 15, 10 y 5 por ciento en caso de realizarse el primer, segundo o tercer mes, respectivamente.
La verificación vehicular no es algo nuevo, es verdad, comenzó durante el gobierno perredista de Silvano Aureoles. Supuestamente se trata de un impuesto que debería destinarse a acciones en favor del medio ambiente, al menos teóricamente.
Sin embargo, no deja de ser una medida recaudatoria que, sumada al reemplacamiento vehicular y aumentos a conceptos como el refrendo, pesarán más en el bolsillo de las familias en la entidad.
Sin embargo, y aunque el Acuerdo es claro en su obligatoriedad, llamó la atención una declaración mediática difundida por gobierno del estado a través de un boletín de prensa, en el cual Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, argumenta que:
“la verificación vehicular en Michoacán es voluntaria; sin embargo, es obligatoria para quienes viajan a la Ciudad de México”. Más adelante, el comunicado oficial agrega en un tercer párrafo, en el que se insiste: “Por tanto, reiteró que “la verificación no es obligatoria, sino voluntaria” para quienes prefieran obtener el holograma desde Michoacán”.
Por tal motivo, desconcierta el hecho de que la funcionaria salga a hacer tales declaraciones cuando el Acuerdo oficial, con validez jurídica, dice otra cosa, aunque no nos guste. Es decir, cómo fiarnos de una simple declaración frente a una disposición oficial.
Por supuesto que nos agradaría que lo dicho por Butanda Macías fuera realidad y, además, tuviera primacía sobre el acuerdo del Ejecutivo, pero desgraciadamente no es así. Lo más seguro es que si somos sujetos de una multa, no nos salvará el retomar las palabras de la funcionaria como una forma de defensa. Definitivamente no.
Por ello, indudablemente la noticia sobre el pago de la verificación vino a causar ruido no solamente a la economía de quienes poseen vehículos automotores, sino también en la comunicación del propio gabinete estatal.
SENSATO, PRORROGAR DESCUENTOS POR REEMPLACAMIENTO
Lo accidentado y lo deficiente en la implementación del sistema para el pago de los trámites vehiculares relacionados con el reemplacamiento vehicular y el refrendo, sugieren que lo más sensible y sensato sería prorrogar los plazos para los descuentos ofrecidos por el gobierno de Michoacán, debido a las múltiples quejas que hay en la atención en ventanilla, propiciando además el riesgo de contagios por Covid-19 y sus variantes. A la problemática, se suma la tardía implementación del sistema de pago en línea.
En este sentido, la diputada Julieta Gallardo Mora sostuvo que “los plazos aprobados para aplicar descuento a quienes acudan estos primeros meses a realizar el reemplacamiento deberán ampliarse y ser ajustados, esto debido a las fallas registradas por las autoridades para hacerlos posibles”.
El posicionamiento tiene lógica, ya que no es posible endosar a los contribuyentes las ineficiencias en el cobro de dichas cargas impositivas, toda vez que se traduce en un doble castigo -el pago y la tortuosidad para poder hacerlo-, con el riesgo adicional de que se viole su derecho al descuento ofertado por la administración pública. Por qué castigar a los propietarios de vehículos.
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