Por Sergio Torres Delgado
La entrega pasada, en la última parte de esta colaboración, mencioné que -de acuerdo con un diario local- ya se habían registrado los primeros asomos de presuntos actos de corrupción en el ayuntamiento de Morelia, algo que también persiguió al edil Alfonso Martínez Alcázar en su pasada administración, quien esta vez resultó ganador de la elección 2020-2021 luego de regresar al blanquiazul y pactar alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Aquí se señaló que, desde luego, Martínez Alcázar tiene mayores aspiraciones políticas: la gubernatura, ya sea con escala o sin ella al terminar su actual ejercicio.
Por supuesto, no le conviene que integrantes de su propio equipo lo obstaculicen. Y es que esos primeros atisbos de presumibles actos de corrupción aparentemente ya obligaron a llevar a cabo, de manera temprana, los primeros movimientos en el gabinete municipal, lo que además le habría valido el cargo al anterior tesorero, Alberto Gabriel Guzmán Díaz, quien fue relevado por Héctor Gómez Trujillo, quien sin duda representa un gran acierto por la trayectoria que tiene.
El 22 de febrero pasado, El Sol de Morelia publicó la nota titulada “Gobierno de Morelia contrata por 500 mil pesos a empresas fantasma de comunicación”, firmada por la reportera Paola Mendoza.
El anuncio de los enroques en el ayuntamiento, por parte del presidente municipal, fue hecho a través de un comunicado de prensa el 25 de ese mismo mes. Es decir, tres días después, en áreas relacionadas con la aprobación de dichos gastos.
La nota se divide en dos partes. La primera relacionada con las supuestas empresas fantasma y, la segunda, titulada “Compadrazgos en la contratación de publicidad”.
La que interesa es la primera, toda vez que el diario sugiere un manejo irregular por 500 mil pesos a empresas inexistentes, contratados por la Dirección de Comunicación Social, cuyo titular es Enrique Alejandro Alcázar Ramírez, durante el primer trimestre el gobierno, octubre a diciembre de 2021.
El funcionario habría firmado 65 contratos de prestación de servicios entre septiembre y nombre con 32 medios de comunicación, dos agencias de asesorías para la implementación de estrategias de comunicación y dos servicios externos para la realización de campañas mediáticas y videos.
De ellas, destaca que la empresa “LC Espacio Gráfico Pre-Prensa Morelia” gozó de contratos por 382 mil 800 pesos, cuando esta reportó dos direcciones en circunstancias peculiares, una en un terreno baldío de la calle Mármol 106, mientras que la otra resultó ser un inmueble abandonado en la calle Pico de Tzirate 446, colonia Santiaguito.
Otras empresas contratadas bajo diversas anomalías, como su inexistencia en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según el medio local, fueron “Jendi”, por 35 mil pesos, y “Cyber Mente”, del excandidato panista a diputado por el distrito X de Morelia en 2018, Javier Eduardo Dávalos Palafox, a quien se le otorgaron contratos por 178 mil 640 pesos.
Después de la denuncia mediática, vino la primera baja en la persona del Tesorero Alberto Gabriel Guzmán, apenas a cinco meses de asumir el cargo.
El otro movimiento ordenado por el munícipe fue el nombramiento de Alejandro Amante Urbina como director de Atención a Medios de la Coordinación General de Comunicación.
Entrevistado el 23 de febrero por la propia Paola Mendoza, el secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, expresó que corresponde a la Dirección de Comunicación Social revisar que los proveedores cumplan los requisitos conforme a la reglamentación existente.
La pregunta aquí es si habrá alguna investigación interna por parte del ayuntamiento, que sería lo más saludable para todos, con el fin de establecer si realmente se incurrió en alguna irregularidad o no; de haberla, cuál sería su justa dimensión, sin exageraciones ni cacería de brujas, y lo que por ley correspondería. La verdad también es que muchas veces es la cabeza del gobierno quien instruye a sus funcionarios ciertas acciones.
Llama la atención que justo luego de tales revelaciones fue que se suscitaron los nuevos nombramientos, a menos que estos tuvieran otra explicación.
Es de recordar que en el pasado gobierno morenista dirigido por Raúl Morón Orozco, de no muy grata memoria para las y los morelianos, el director de Comunicación, Gerardo Antonio Aguilera Espinosa, fue señalado también por el mismo medio de incurrir en conflicto de interés al “mantener convenios y contratos con medios de comunicación en los que él participa como socio por los cuales recibe ministraciones de hasta por 300 mil pesos” (sic).
Adenda.
- Una escena de horror lo vivido en el estadio de fútbol de Querétaro. Una tragedia que mancha al deporte, al país, y que llama a reflexionar sobre la violencia en la que vivimos de manera normalizada. Todo es violencia, de ida y vuelta. Violencia prácticamente generalizada en cualquier tipo de manifestación y protesta, a tal grado que solamente se asume como consecuencia lógica y se le espera, trátese de barras -infiltradas ya también por la delincuencia, según la revista Proceso-, maestros, normalistas, indígenas y grupos de mujeres participantes en las marchas del 8 de marzo. Por supuesto, no hay argumento válido contra lo que ellas sufren tanto por parte de hombres como de algunas de sus congéneres, pero, al final de todo, hay que preguntar si algo bueno puede resultar de la violencia.
- ¿Qué espera Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, para renunciar a su cargo tras filtrarse las presiones que ejerce -mediante el uso del cargo- contra un ministro de la Suprema Corte, por un asunto familiar? ¿Acaso es inmune e impune por estar con la 4T?
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