Por Sergio Torres Delgado
Circula en las redes sociales el posicionamiento del Colectivo NiUnoMás Michoacán, fijado con motivo de la reunión que se tuvo con el Fiscal General del Estado (FGE), Adrián López Solís, ante los más recientes asesinatos de los compañeros periodistas Roberto Toledo, el 31 de enero, y de Armando Linares, el 15 de marzo pasado.
Concuerdo totalmente y suscribo lo expresado por el grupo de compañeras y compañeros. El punto conclusivo es que la FGE no garantiza ninguna imparcialidad en las investigaciones del caso.
Se condena también los esfuerzos y la operación gubernamental para negar a Toledo la condición de periodista, de colaborador de Monitor Michoacán.
Los señalamientos fueron duros y valientes, pues se evidenció que la propia FGE “fue partícipe en la revictimización de Roberto Toledo, lo que a todas luces resulta inaceptable”.
En este mismo espacio ya señalamos parte de lo que el colectivo planteó y que se reproduce aquí en homenaje a las y los compañeros caídos en el ejercicio de su labor periodística.
A López Solís, se le manifestó: “Debido a que en su momento Armando Linares refirió haber sido sujeto de amenazas por miembros del grupo político al que usted perteneció por años, le demandamos señor fiscal que se abstenga de intervenir en el proceso de investigación en caso de existir conflicto de interés.
“Asimismo le exigimos una investigación puntual sobre los señalamientos hechos por Armando Linares sobre el exsubprocurador regional de Zitácuaro hoy comisionado en Apatzingán, a quien señaló de proferir amenazas de muerte en su contra.
“Precisamos sanciones ejemplares contra servidores públicos que, al amparo de su cargo atentan contra el ejercicio periodístico y por consiguiente contra el derecho a la información de las y los michoacanos.
“Demandamos que entre las líneas de investigación que se están siguiendo en el caso de los homicidios de Armando Linares y Roberto Toledo, esté presente la relacionada a su labor periodística.
“Lamentablemente señor fiscal, los homicidios de Armando y Roberto no son los únicos contabilizados en Michoacán contra periodistas, como Colectivo tenemos el registro de otros diez compañeros que han sido silenciados al acabar con sus vidas, así como de otros siete que permanecen desaparecidos sin que se conozca el estado que guardan las investigaciones.
“… Señor Fiscal, exigimos descongelar las carpetas de investigación sobre las compañeras y compañeros periodistas referidos, para permitir el acceso a la justicia y que sus casos no permanezcan en la impunidad”.
En una de las entregas pasadas expusimos que lo que se ocupa es la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, algunas cosas deben mejorar ahí.
Un gran problema es que desde lo local se desvirtúe la información que, a través de los canales institucionales, llega a la presidencia de la República.
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