Desde la segunda quincena de enero, se vienen realizando en algunas ciudades del país, “diálogos” organizados por la Secretaría de Gobernación para crear una nueva Ley General de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en los contextos de alta violencia contra el gremio y activistas. La norma data del 2012 y acaba de ser reformada apenas en junio de 2021.
Las sedes regionales programadas por la Segob, el periodista Rogelio Hernández y organizaciones, fueron Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Se dejó fuera Michoacán.
El propósito de los foros, explicó el subsecretario Alejandro Encinas, es conformar un sistema nacional de protección para estos sectores y definir las competencias, porque “en muchos de los casos, son las propias autoridades las causantes de las agresiones y en estas circunstancias, cualquier autoridad que violente o agravie, el sistema tenga las funciones y las facultades para iniciar acciones penales. El tema es que 9 de cada 10 de las agresiones reportadas y homicidios, no son sancionados.
El primer foro se realizó el 17 de enero en la Ciudad de México, y asistieron el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, así como las presidentas de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Kenia López Rabadán, y de la Cámara de Diputados, Nelly Minerva Carrasco.
El 15 de febrero, en Oaxaca, las y los colegas aun en luto por el asesinato de Heber López ocurrido apenas cinco días antes, salieron más que indignados por el evidente desinterés del gobernador Alejandro Murat, quien mandó como representantes a funcionarios de medio pelo. Eso sí, se reunió con periodistas “selectos” para para informarles de sus planes para enfrentar la inseguridad.
Apenas el pasado domingo 27 se realizó el correspondiente en Guerrero, bajo el lema: “Foro Nacional Ser periodista sin morir en el intento” y organizado por Nueva Izquierda de Guerrero. Asistieron legisladores pero no funcionarios del gobierno del estado; garantizar la seguridad no solo para los comunicadores sino para todos los ciudadanos, fue la propuesta central.
Sin embargo, de estos foros han surgido datos interesantes:
De acuerdo a la Segob, el 61.3 por ciento de los periodistas bajo el mecanismo de protección por amenazas y agresiones tratan temas políticos, mientras que 46.5% cubre nota policiaca.
Las agresiones contra periodistas van desde amenazas, robo, persecución, el clásico levantón, las golpizas y desde luego homicidio. Y ojo: el perfil de los agresores: 43.1% son servidores públicos, 33.5% presuntos integrantes de la delincuencia organizada y 23.4% no son identificados…
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Pues no es por demeritar los esfuerzos desde el “centro”, pero Michoacán resultó más cabrón que bonito.
El gremio, a través del colectivo #Niunomás, tras el asesinato de Roberto Toledo el 31 de enero, la madriza a periodistas y activistas feministas el 8 de marzo y el homicidio de Armando Linares el 15 de ese mes -sucesos con resonancia internacional-, en lo que cantó el gallo, “sentó” -literal- al secretario de Gobierno el 17 de marzo, al Fiscal General de Justicia el 23 y al mismísimo secretario de Seguridad Pública el día 25. Hay que mencionar que el general José Alfredo Ortega se ha negado por más de dos meses a invitaciones de la presidenta de la comisión legislativa del ramo, Margarita López, para que explique en corto y privadísimo, porqué estamos tan jodidamente mal en seguridad.
Pero la “sentada” de funcionarios de primer nivel no solo fue en Morelia, también las y los compañeros de Zitácuaro y Uruapan sostuvieron nada tersos encuentros y tentativamente, este lunes 4 de abril, la comisión de #Niunomás será recibida en el Congreso.
Desde mis juicios de valor, hay méritos insoslayables en esta lucha del colectivo; el principal, que son reporteras y reporteros -redactores y cámaras- “de a pie”; las y los que están en las coberturas y en los chingadazos; no directores y/o dueños de los medios ni “líderes de opinión”.
Insisto, sin conocer a detalle los avances de los foros de la Segob, desde mi mirada, ha logrado este colectivo mucho más en poco tiempo, porque focalizó el fenómeno en lo local. Aquí vivimos, aquí trabajamos y aquí se muere.
Un importante logro es el compromiso del fiscal Adrián López Solís de reabrir 19 expedientes de periodistas -12 asesinados y 7 desaparecidos-; la última vez que se consiguió algo así, fue en septiembre de 2010 cuando el entonces procurador de justicia, Jesús Montejano, en tiempos de Leonel Godoy, rindió un “informe” del status de las investigaciones hasta esa fecha.
Lo tengo que escribir, hay disposición -hasta ahora- del gobernador Alfredo Ramírez, para generar condiciones del libre ejercicio periodístico y medidas necesarias y efectivas para su protección.
Trabajar el marco legal es importante, pero más su aplicación irrestricta, porque como lo señalé en columna anterior, ya existe desde 2018 la Ley de protección a periodistas y el reglamento desde 2019.
De las reuniones con la comisión de #Niunomás, la Secretaría de Gobierno elaboró una propuesta de acuerdos, pero más interesante la contrapropuesta del gremio con elementos valiosos y hasta controversiales. pero de eso se trata.
El Gobierno del Estado de Michoacán se comprometería a:
-No revictimización de las personas víctimas de delito, en particular de las y los periodistas, y que toda aquella información que se proporcione sobre sus casos sea en apego al debido proceso.
-Actuar de manera diligente y expedita en la protección de periodistas víctimas de amenazas, riesgos y violación de sus derechos por el ejercicio de su profesión, y la de sus familias.
-Esclarecimiento y la consecución de la justicia de los casos de las y los periodistas michoacanos asesinados o desaparecidos. (“desenfriar” los casos, como ya se comprometió el Fiscal).
-Generar las acciones necesarias para el acompañamiento jurídico y psicosocial y la protección de las familias de periodistas asesinados, desaparecidos o desplazados en Michoacán que así lo requieran.
-La operación efectiva de la Unidad Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que ésta no actúe sólo por mandato del Mecanismo Federal.
-Transparentar y hacer públicos los recursos y partidas presupuestales destinadas a la protección de defensores y periodistas, y en caso de no existir, establecerlas en un plazo no mayor a un mes a partir de que se firme el acuerdo.
-Activar el Consejo Consultivo previsto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
-No ejercer acciones de presión ante las empresas mediáticas y/o periodistas que pretendan inhibir el ejercicio periodístico y la labor informativa y establecer una política de comunicación social que no obstaculice dicha labor.
-Establecimiento de protocolos de actuación de la Secretaría de Seguridad Pública en su relación con periodistas y coberturas.
Y ahora que “sentará” la comisión de #Niunomás a legisladores, pues de una vez la abrogación del delito de “ataques al honor”, establecer sanciones y/o penalidad, o agravantes de pena, contra el acoso, violencia, y amenaza digital a periodistas por el ejercicio de su labor, y que el Sistema Estatal de Protección, considere a representantes del gremio con voz y voto en la toma de decisiones. Además, fijan plazos: seis semanas para aterrizar todos los acuerdos.
Reitero que no se si Alejandro Encinas y Rogelio Hernández ya colectaron propuestas tan concretas y contundentes, pero por eso escribo que el gremio michoacano es más cabrón que bonito…
