Por: Juan José Rosales Gallegos
Morelia, Michoacán 5 de Abril 2022.- Sin duda y sin dilación, debe aclararse lo que pasó en la comunidad de Arantepacua los días 4 y 5 de abril de 2017. Las autoridades competentes están obligadas a ofrecer, con base en la evidencia, una contundente respuesta a la exigencia de justicia y someter a proceso judicial a los presuntos responsables, autores intelectuales y materiales de los abusos cometidos.
Existe un inconveniente. A la comunidad de Arantepacua no le interesa aclarar nada ni permitir que a través de los instrumentos legales vigentes se establezcan procedimientos judiciales contra los presuntos responsables. Prefieren seguir lucrando con la duda y que la verdad permanezca oculta.
La violencia desplegada este martes en Morelia por algunos habitantes de Arantepacua, normalistas, moradores de casa de estudiante e integrantes de la CNTE, con el respaldo y la complacencia del gobierno Morenista, es un distractor que pretende ocultar la inconveniente verdad. La evidente participación del gobierno del estado azuzando estos grupos tiene un transfondo político para golpetear una institución autónoma que estorba al gobernador.
El 10 de marzo del presente año a través del oficio, FEMDH/UEAAI/00165/2022, la Unidad Especializada para la atención de Asuntos Indígenas de la Fiscalía General de la República (FGR), informó a los representantes de la comunidad indígena de Arantepacua, la respuesta a la petición formal planteada a la dependencia de ejercer, la facultad de atracción de las carpetas de investigación ZAM/108/00388/2017, URU/102/00790/2017, que se integran en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, respecto de los hechos ocurridos los días 4 y 5 de abril de 2017.
El séptimo párrafo del documento ofrece una resolución contundente: La competencia federal queda debidamente establecida en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que se establece cuales son los delitos en los que interviene la federación, así como sus excepciones, y para los efectos de ejercer la facultad de atracción deberá considerarse las características especiales del asunto de que se trate, es decir la importancia y trascendencia del mismo y para el caso en particular y de las constancias con las que cuenta está Unidad Especializada NO SE ADVIERTE QUE SURTA LA COMPETENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, es decir, no así en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o en general de convivencia, bienestar o estabilidad del estado mexicano.
La propia FGR advierte el marcado interés de la comunidad de Arantepacua por entorpecer la investigación. «De las constancias que obran en las carpetas de investigación de referencia no se observa que los denunciantes o las víctimas acudan a imponerse de actuaciones, más aún, SE DESPRENDE QUE NO HAN PERMITIDO A LAS AUTORIDADES LOCALES REALIZAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS», sostiene el documento.
Desde el 10 de marzo, los representantes de la comunidad indígena de Arantepacua y el gobierno del estado, están enterados que la investigación del caso no es competencia de la FGR. Además, por escrito, la Fiscalía de la nación deja claro que la comunidad se han dedicado a obstaculizar la investigación de lo ocurrido en el 2017.
