Nada nuevo en la iniciativa de reforma electoral que el presidente López Obrador envió ayer al Congreso: deshacerse de los actuales consejeros del INE, eliminar la representación de las minorías políticas y dejar en tres de cada 10 electores, el poder de tumbar a un Presidente de la República.
Tampoco nada novedoso que el bloque opositor -PAN, PRI, PRD y MC- le frene nuevamente estas reformas constitucionales -18 en total-, si no hay consensos y respeto, como dijo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el pasado 17 de abril.
Y es que para que la propuesta de López Obrador sea aprobada, necesita de la mayoría calificada y ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, Morena y sus secuaces, le topan. Y la oposición ya dijo que ni mais.
Entonces, si no es por las malas, será por las remalas, con las 223 denuncias penales por “traición a la patria” que presentará en un mes, Mario Delgado “y millones” de ciudadanos contra las y los diputados federales que votaron contra la reforma eléctrica. Pero junto con pegado, porque para encarcelarlos, primero hay que desaforarlos y sin ese número de legisladores, pues no se completan los 334 votos que requiere una reforma constitucional.
Y la manota del ex comunista Pablo Gómez, que cobra como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que trae entre ceja y ceja, a los 76 millones de electores que no quisieron participar en la consulta de revocación del pasado 10 de abril, y que busca cómo castigar.
A los futuros electores que ahora cursan la escuela, lavado de cerebro desde las aulas con el cambio del modelo educativo: compartir y no competir; eliminar de su pensamiento en formación con el aprendizaje, cualquier aspiración personal, de superación y calidad de vida. Todos empobrecidos para que no haya lucha de clases.
De veras, que momentos de locura vivimos con esta 4T totalmente alejada de su idea original. El desencanto ya de 15 millones de votantes en tres años, es lo que lleva a AMLO a emprender este golpe de Estado contra la democracia y la libertad de pensamiento.
Pretexta abaratar las elecciones, pero despilfarró miles de millones de pesos en las consultas para enjuiciar a ex presidentes neoliberales y en la reciente, de revocación. Y todo para que esta última el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la declarara sin validez. Eso si es gastar a lo pendejo.
Al margen de revisar a detalle la iniciativa, lo que propone es transformar el INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el cual reduce de 11 a siete las y los consejeros, que serán elegidos por voto popular el primer domingo de agosto y en el paquete también se votan nuevos magistrados electorales. Así. De chingadazo. Obviamente el truquito está en que las y los candidatos a esos cargos, serán propuestos por los Poderes, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, personificados en el Presidente.
La iniciativa contempla la desaparición de los OPLEs y Tribunales Electorales Locales y federalización de todos los procesos electorales.
La eliminación de la representación proporcional en los Congresos federal y estatales; la Cámara de Diputados tendría solo 300 curules y la Cámara de Senadores, 96 escaños. Valen madres las reformas del 77 y del 86 que abrieron el Congreso a las minorías políticas.
Así lo plantea: cambia el modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá.
Reducir el número de integrantes de los ayuntamientos en los municipios, estableciendo un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio.
Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales. Esto es, solo habrá prerrogativas en fechas de elección y no por anualidad como sucede actualmente.
Implementar el voto electrónico.
Reducción de los tiempos en Radio y Televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales.
Disminución al 33 por ciento de participación ciudadana para que la Revocación de Mandato sea vinculante. Ahora es 40 por ciento.
Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental. Entonces el Presidente -quien sea- y todo su gobierno puede hacer campaña desde el cargo y con recursos públicos, y un marco normativo único en materia electoral, tanto federal, estatal y municipal.
Pero la propuesta reforma electoral de AMLO no podía ir mejor aderezada que con el arrope del nuevo favorito para el 2024: Adán Augusto López.
Reunido con diputados federales de la 4T -Morena, PT y PVEM- dijo: «A ver, vamos a poner a consideración, vamos a hacer una especie de encuesta, de consulta; rápida, breve. ¿Verdad, díganme si sí o no. ¿Verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación?».
-¡Siiii!
El grito unísono y los aplausos de las y los legisladores oficialistas, ya de pie, formalizó el destape: «¡presidente!… ¡presidente!».
A preparar las palomitas porque estará bueno el espectáculo rumbo al 2024, con la reforma electoral de AMLO y su candidato, la cada vez más atractiva cordura de Ricardo Monreal y la propuesta que construya el bloque partidista con la oposición civil…
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En otro frente, sin un contexto aparente, salvo la denuncia penal presentada hace tres meses ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por el presunto gasto excesivo de mil 227 millones de pesos de la administración silvanista en la renta de seis helicópteros y un avión sigiloso, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla reafirmó en un despacho de prensa, que las aeronaves “ya no son transporte de lujo para funcionarios”.
De acuerdo al boletín emitido esta semana, la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, es la que define las funciones de las “cinco aeronaves propiedad del Gobierno de Michoacán”. Y detalla sus usos:
Dos helicópteros acondicionados para servicio paramédico (ambulancias); dos para combatir incendios: uno mueve brigadistas y el otro equipado con helibalde. Pero igual son empleados para transportar carga, como vacunas anticovid y despensas, cuando están diseñados para personas. Los riesgos de que se desplomen siguen latentes.
Entonces, quedamos que enlista el despacho de prensa, cinco helicópteros y en el detalle de uso son cuatro. Falta uno. Y no hay que olvidar que el estado también cuenta con dos aviones, y solo uno opera, el Turbo Commander matrícula XC-MLM, que seguramente es en el que se mueve el gobernador. Que no lo dice.
Nuevamente la información sobre las aeronaves del estado es escasa y turbia.
El 12 de noviembre publique, conjuntamente con el periodista Fernando Palacios, la investigación “DE LOS 5 HELICÓPTEROS, 4 ´RETENIDOS´ POR DEUDA DE 125 MDP; EL OTRO, PARA MOVER DESPENSAS”. Una semana después, pregunta a bocajarro, el gobernador Ramírez Bedolla reconoció que era mucho dinero para recuperar las aeronaves, pero que vería qué hacer.
En una actualización de datos, siguen retenidos en los talleres de AZOR de Nuevo León y STAM de la Ciudad de México, el Eurocopter matrícula XC-LKR y el Bell 412 matrícula XC-MOR. Hasta septiembre de 2021, las empresas reclamaban pagos por 125 millones de pesos para regresar las aeronaves.
Así las cosas, Ramírez Bedolla, recuperó las unidades vía negociación y tampoco lo dice, o le están prestando o rentando helicópteros. Porque los únicos de propiedad estatal en uso, es el XC-PTZ marca Airbus helicopter modelo as350b3 y el Bell 206 matrícula XC-JCM. ¿De dónde salen cinco unidades?
Opacidad en el tema de los helicópteros e intacta la red de corrupción en la Dirección de Servicios Aéreos, que supuestamente depende de la SSPM, pero cuyo titular sigue apareciendo en el directorio de la Fiscalía General del Estado: Juan Martínez Oregón.
El ex director Mariano Perea -gente de toda la confianza de Aureoles Conejo- sigue teniendo injerencia en el área; continúan laborando Osbaldo Abarca y el paramédico Pedro, todos estos y más, involucrados en el desfalco con cursos de capacitación, reparaciones fantasma y trabajos “extras” a sobreprecios.
Este caso, como el del Recinto Ferial que abordé en la entrega anterior, son señales claras de cómo la comunicación engañabobos de Palacio Nacional, es replicada por el gobierno bedollista. Quiere puras notas bonitas; que nadie indague y cuestione. Aunque en Michoacán nos esté llevando el carajo…
