El fiscal General del Estado, Adrián López Solís cumplió con su palabra, y anteayer por la mañana, entregó el informe de cold case (casos sin resolver) respecto a los 14 homicidios y tres desapariciones de periodistas. Tamaño ojotes habrá pelado al abrir esas cajas de la impunidad.
Estado actual de las cosas: De esos 17 homicidios y desapariciones, en solo uno hay detenidos; los registrados de 2019 a la fecha son casos abiertos. Desde el 22 de marzo, la Fiscalía General solicitó a Fiscalías Regionales la remisión física de tres averiguaciones previas; el 5 de abril les recordó la petición y quedaba a espera de recibirlas. Al miércoles 4 de mayo aun no llegaban.
Jaime Arturo Olvera Bravo, de “La Voz de Michoacán” (9 marzo 2006); Gerardo Israel García Pimentel, de “La Opinión” (8 diciembre 2007); Miguel Ángel Villagómez Valle, “La Noticia de Michoacán” (9 octubre 2008); Martín Javier Miranda Avilés, de “Panorama del Oriente” (12 julio 2009); del notario Enrique Villicaña Palomares, articulista de “La Voz de Michoacán” (10 abril 2010); Hugo Alfredo Olivera Cartas, de “El Día de Michoacán” (6 julio 2010).
José Antonio Aguilar Mota y Arturo Barajas López, del “Diario de Zamora” (20 agosto 2012); Salvador Adame Pardo, de Canal 4Tv Nueva Italia (18 mayo 2017); Fidel Ávila Gómez, Radiodifusora La Ke Buena (1 diciembre 2019); Luis Eduardo Ochoa Aguilar, de “La Voz” (5 agosto 2020); Abraham Mendoza Mendoza, de Radio UVAQ (15 julio 2021); Roberto Toledo Barrera, colaborador de “Monitor Michoacán” (31 enero 2022) y Armando Linares López, director de “Monitor Michoacán” (15 marzo 2022).
Los desaparecidos: María Esther Aguilar Casimbe, del “Diario de Zamora” (11 noviembre 2009); Ramón Ángeles Zalpa, de “Cambio de Michoacán” (6 abril 2010) y cierra la lista de sangre -hasta ahora- con Antonio García Apac, director del semanario “Eco de la Cuenca de Tepalcatepec”, por ser el emblemático de la impunidad: el informe da fecha del “Inicio de Investigación: 20 septiembre 2006”. Actos de Investigación realizados: en blanco.
Por ello, su caso, como el de María Esther y el de Aguilar Mota y Arturo Bajaras, fueron requeridos por el fiscal López Solís.
Pero como el status de la APP de “El Chino” Apac, esta el de Gerardo Israel García. La Subprocuraduría de Uruapan, turnó por incompetencia a la PGR, mediante oficio con fecha 2 de mayo de 2008 y nunca se supo más.
O la de Villagómez. La APP con número MOCA/02/088/2008, fue remitida a Chilpancingo, Guerrero, a la Fiscalía de Delitos Graves con fecha 28 de octubre de 2008, bajo número de oficio 500/2008 y radicada en el municipio de La Unión. La averiguación previa de Martín Miranda está “suspendida” desde 2009 porque a dos presuntos responsables no se les pudo acreditar responsabilidad.
El homicidio calificado de Hugo Alfredo Ortega, lo tiene la Fiscalía Regional de Apatzingán en “archivo temporal” desde hace 12 años; todo, porque el presunto responsable Otilio “A” tuvo que salir de viaje. Nunca lo encontraron porque nunca lo buscaron.
Otros asesinatos en “archivo temporal” la última década, es el del fotógrafo José Antonio Aguilar y su compañero Arturo Barajas.
En Nueva Italia y sus alrededores, todos saben quién mató a Chava Adame y lo supo la PGR por “El Cabezas”: Feliciano L. R. alías “El Chano Peña”, tampoco lo detuvieron.
Rescato el valor de este informe presentado por la Fiscalía General del Estado, primero, porque es el segundo que conoce el gremio periodístico sobre los asesinatos de nuestros compañeros y compañera en los últimos 20 años, y segundo, porque desde Lázaro Cárdenas Batel para acá, todos los gobernadores juraron en su momento, que no quedarían impunes y se llegaría “hasta sus últimas consecuencias”.
El único caso donde hay tres sujetos vinculados a proceso, es el de Abraham Mendoza; respecto a Armando Linares, están identificados los autores materiales Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y Magdiel Urbina Chimal, pero no los ubican ni siquiera con oferta de recompensa de 100 mil pesos.
A los desaparecidos, María Esther, a Ramón y particularmente al “Chino” Apac, los conocí.
Me dolió el corazón al preguntar a colegas de la región Caliente, qué había pasado con Apac:
-Marthita, está en el fondo del infierno.
Entendí el dato macabro: la presa “Infiernillo”. ¿Cuántos desaparecidos y desaparecidas habrá en las 24 presas de Michoacán?
No se si este logró del colectivo #Niunomás se haya alcanzado en otros estados. Lo que si me consta es la tenacidad y coraje del gremio michoacano por descobijar la apatía e impunidad sobre los asesinatos de periodistas que, paradójicamente, ni siquiera conocieron.
El 26 de abril, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, vino a firmar con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el convenio para la implementación del mecanismo federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para “garantizar los derechos a la libre expresión y el activismo”.
Chido. Un montonal de funcionarios, dos activistas -Gerardo Herrera y Circe López- y un periodista Andrés Resillas, de la AMPAC. El mecanismo estatal, “en frío”, por la oficiosa actitud por parte de los bedollistas y el decoro de #Niunomás…
Mucho show mediático por parte de las legislaturas locales en turno con la aprobación o reprobación de cuentas públicas a gobernadores en su momento.
Lo sucedido ahora con Silvano Aureoles con la Cuenta 2020, lo vivió Leonel Godoy con su Cuenta del 2011, porque sobre tanto jaloneo y declaraciones, al final fue aprobada. La deuda pública que dejó era de 41 mil millones de pesos; la de SAC, 22 mil mdp. En el corto ejercicio gubernamental de tres años y nueve meses, a Fausto Vallejo y al sustituto Salvador Jara les reprobaron las cuentas.
¿Y qué pasó? A los gobernadores, nada. A sus tesoreros sí. Humberto Suárez y Mirella Guzmán, de Leonel Godoy, como sea, la libraron. Pero Luis Miranda, de Vallejo Figueroa y Miguel López Miranda, de Jara Guerrero, tuvieron que enfrentar procesos judiciales que aun no cierran.
Nada menos, el 9 de marzo de este año, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que impuso a Miguel López, el pago de una responsabilidad resarcitoria por mil 173.6 millones pesos, que fueron destinados para diversos programas del Seguro Popular entre 2009 al 2012.
Por unanimidad de votos, la Sala Superior del tribunal aprobó el proyecto del magistrado Carlos Mena Adame, quien dijo que de acuerdo a las autoridades, el daño recae en el quejoso porque en su encargo de secretario de finanzas y administración del gobierno de Michoacán, omitió controlar el ejercicio del presupuesto del gobierno del estado con base en los programas para cada una de la dependencia.
“No reintegró a la tesorería de la Federación el saldo que al 19 de mayo de 2015 se encontraba en la cuenta bancaria a nombre de Seguro Popular del estado, cantidad que tampoco fue transferida al organismo ejecutado. Por tanto, no se cumplió con el objetivo para que fue destinado”.
O sea, le toca pagar los platos rotos desde el gobierno de Godoy Rangel.
Pero hay que considerar, en honor a la verdad, que las gestiones de Fausto y de Salvador estuvieron supeditadas a las decisiones y caprichos del virrey Alfredo Castillo, quien era realmente la última palabra en el manejo del erario público michoacano.
Ahora en capilla, seguramente queda el ex tesorero de Silvano, Carlos Maldonado, pero que mientras disfrute la buena vida en Miami, a donde -me contaron- se fue a radicar…
