Morelia, Michoacán, 04 de agosto 2023.- Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señalaron que el gobierno federal debe acatar la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a la violencia política por razón de género que se ejerce desde Palacio Nacional.
La secretaria de Agendas de Igualdad de Género del PRD, Verónica Naranjo, mostró su solidaridad con la Senadora y aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez , a quien el Presidente de la República y sus dependencias como la Consejería Jurídica han venido atacando por diversas vías.
“Me parece que no debemos permitir esta serie de retrocesos en los derechos de las mujeres y en los avances que se han alcanzado. Nuestro reconocimiento al INE por esta resolución que hizo este día al declarar que sí hubo violencia política en contra de la Senadora, y la exigencia al gobierno federal para que lo acate”, afirmó.
Vero Naranjo sostuvo que ha sido uno de los sexenios en que más se han trastocado y violentado de los derechos de las mujeres, desde eliminar políticas públicas y programas sociales que benefician a las mujeres hasta hacer calumnias verbales en contra de ellas, por ejemplo contra la Ministra Norma Piña Hernández, y ahora la Senadora Xóchitl Gálvez.
Por otra parte, Naranjo Vargas reprobó las declaraciones que hizo la titular del INMUJERES , Nadine Gasman, en el sentido de que las mujeres “tienen que aguantar vara” porque la política es “pinche”.
Cabe señalar que Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer medidas cautelares contra el presidente de la República por sus comentarios contra la senadora Xóchitl Gálvez al advertir posible violencia política de género.
Asimismo, el órgano electoral ordenó el retiro o modificación de las conferencias matutinas, así como las versiones estenográficas del 10, 11, 14 y 17 de julio que contengan las expresiones denunciadas en un plazo de 12 horas.
Se aprobó también una tutela preventiva, a fin de que el mandatario “se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político-electorales de la quejosa y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa.
